martes, 11 de mayo de 2010
"El Gallo" y la supervision financiera
Suelo comenzar mis intervenciones sobre el paquete de supervisión financiera contando una anécdota atribuida Rafael Gómez Ortega, "El Gallo". Se cuenta que terminó de torear en Coruña e inmediatamente exclamó: "Ya estamos en Sevilla". Un paisano le replicó: "Pues no está lejos Sevilla". El Gallo sentenció: "Sevilla está donde tiene que está, lo que está lejos es La Coruña". Con este sucedido quiero ilustrar lo lejos que están Consejo y Parlamento sobre el control de las entidades financieras y subrayar que, en mi opinión, el Parlamento está anticipando el mañana, mientras que el Consejo sigue empeñado siempre en mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Lo grave es que si no hay acuerdo entre Consejo y Parlamento el paquete de supervisión corre el riesgo de atascarse porque los dos son colegisladores con idénticas competencias y para bailar un tango los dos tienen que ir a la par.
Las discrepancias vienen de lejos. En 1999, el Consejo decidió construir un mercado interior de servicios financieros fijándose tres objetivos: la integración y la liberalización de los mercados europeos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control y la armonización de la imposición sobre el ahorro para evitar deslocalizaciones por razones fiscales. El Parlamento advirtió que si no se avanzaba a la misma velocidad y con la misma intensidad en la consecución de los tres objetivos nos veríamos abocados a una crisis sistémica. Simplemente porque no es posible que unos supervisores nacionales cuya jurisdicción se para en las fronteras nacionales controlen unas instituciones financieras que se mueven en todo el territorio de la Unión con la misma desenvoltura que la bruja cabalgaba sobre su escoba en nuestros cuentos infantiles. El Consejo no nos hizo maldito el caso y ha pasado lo que ha pasado.
Cuando la tempestad arreció, la Comisión encargó a un grupo de expertos el aggiornamento de la arquitectura europea de supervisión (Informe Larosière). Sobre la base de este informe la Comisión y el Consejo han propuesto el establecimiento de una Junta de Riesgos Sistémicos encargada de la supervisión del sistema en su conjunto (supervisión macro) y el establecimiento de tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones y mercados y valores (supervisión micro). El fallo del sistema estriba en que se prevé el mismo régimen jurídico para una pequeña Caja de Ahorros con una sucursal en Paris que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra provocaría el colapso del sistema financiero y la ruina de la economía real (too big to fail).
Fallo que hasta el mismo Lord Turner, el Presidente de la Financial Services Authority del Reino Unido, ha denunciado al señalar que los actuales mecanismos de supervisión no funcionan. "La combinación de un pasaporte europeo para las sucursales, de la supervisión por el país de residencia y de unas garantías puramente nacionales para los depósitos no constituyen una base sólida para el futuro de los bancos europeos que operan en distintos países..." (Turner Review). Según él, solo hay dos formas de salir del impasse actual: o se da a los supervisores nacionales la facultad de obligar a los bancos que operen en su territorio a operar a través de filiales y no de sucursales y la de decidir en materia de solvencia y liquidez o bien se avanza hacia una mayor integración europea en materia de supervisión.
El Consejo ha apostado por la solución nacional. El Parlamento ha escogido la solución contraria. En el informe que acabamos de votar se encomienda a la Autoridad Europea la supervisión de las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla advirtiendo que entren en zona de riesgo. Si la cosa va a peor y se enciende la luz roja, será una Unidad de Resolución Bancaria Europea la que se encargue de adoptar las medidas necesarias (sustitución de los administradores, mayores requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada...etc.) para evitar el contagio y alejar lo más posible el riesgo de tener que recurrir al dinero de los contribuyentes. Y si al final hay que poner dinero habrá que tirar de los Fondos prefinanciados por el propio sector para que no tenga que ser otra vez Joe Six-Pack (el contribuyente) el que pague las insensateces de los gatos gordos de Wall Street o de la City.
Por fortuna, los vientos soplan en la dirección del Parlamento y no en la dirección del Consejo. El informe del Fondo Monetario Internacional titulado A Fair and Substancial Contribution to the Financial Sector (16.04.2010) aboga porque " el coste de las quiebras financieras sea cubierto por una Contribución a la Estabilidad Financiera vinculada a un mecanismo efectivo y creíble de resolución de las crisis... para que la industria contribuya a pagar los costes de la crisis..." La Estrategia Europa 2020 (3.03.2010) habla también de "una contribución del sector para sufragar los rescates de los grandes mastodontes financieros". El Consejo Europeo del 26.03.2010 habla finalmente de las instituciones sistémicas y de la necesidad de contar con instrumentos financieros para la gestión de la crisis. El que contamina paga parece ser el nuevo motto de la regulación financiera.
Corresponde a la Presidencia Española liderar un nuevo consenso en materia de supervisión porque dirigir la Unión requiere algo más que talante, requiere el ejercicio de un liderazgo que aglutine esfuerzos e impulse voluntades, que se anticipen a las necesidades de los europeos y sepa resolver sus problemas inmediatos. Lo que tiene que hacer ahora el Presidente de gobierno es coger el toro por los cuernos y no limitarse a ver la corrida desde el tendido. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.
Las discrepancias vienen de lejos. En 1999, el Consejo decidió construir un mercado interior de servicios financieros fijándose tres objetivos: la integración y la liberalización de los mercados europeos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control y la armonización de la imposición sobre el ahorro para evitar deslocalizaciones por razones fiscales. El Parlamento advirtió que si no se avanzaba a la misma velocidad y con la misma intensidad en la consecución de los tres objetivos nos veríamos abocados a una crisis sistémica. Simplemente porque no es posible que unos supervisores nacionales cuya jurisdicción se para en las fronteras nacionales controlen unas instituciones financieras que se mueven en todo el territorio de la Unión con la misma desenvoltura que la bruja cabalgaba sobre su escoba en nuestros cuentos infantiles. El Consejo no nos hizo maldito el caso y ha pasado lo que ha pasado.
Cuando la tempestad arreció, la Comisión encargó a un grupo de expertos el aggiornamento de la arquitectura europea de supervisión (Informe Larosière). Sobre la base de este informe la Comisión y el Consejo han propuesto el establecimiento de una Junta de Riesgos Sistémicos encargada de la supervisión del sistema en su conjunto (supervisión macro) y el establecimiento de tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones y mercados y valores (supervisión micro). El fallo del sistema estriba en que se prevé el mismo régimen jurídico para una pequeña Caja de Ahorros con una sucursal en Paris que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra provocaría el colapso del sistema financiero y la ruina de la economía real (too big to fail).
Fallo que hasta el mismo Lord Turner, el Presidente de la Financial Services Authority del Reino Unido, ha denunciado al señalar que los actuales mecanismos de supervisión no funcionan. "La combinación de un pasaporte europeo para las sucursales, de la supervisión por el país de residencia y de unas garantías puramente nacionales para los depósitos no constituyen una base sólida para el futuro de los bancos europeos que operan en distintos países..." (Turner Review). Según él, solo hay dos formas de salir del impasse actual: o se da a los supervisores nacionales la facultad de obligar a los bancos que operen en su territorio a operar a través de filiales y no de sucursales y la de decidir en materia de solvencia y liquidez o bien se avanza hacia una mayor integración europea en materia de supervisión.
El Consejo ha apostado por la solución nacional. El Parlamento ha escogido la solución contraria. En el informe que acabamos de votar se encomienda a la Autoridad Europea la supervisión de las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla advirtiendo que entren en zona de riesgo. Si la cosa va a peor y se enciende la luz roja, será una Unidad de Resolución Bancaria Europea la que se encargue de adoptar las medidas necesarias (sustitución de los administradores, mayores requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada...etc.) para evitar el contagio y alejar lo más posible el riesgo de tener que recurrir al dinero de los contribuyentes. Y si al final hay que poner dinero habrá que tirar de los Fondos prefinanciados por el propio sector para que no tenga que ser otra vez Joe Six-Pack (el contribuyente) el que pague las insensateces de los gatos gordos de Wall Street o de la City.
Por fortuna, los vientos soplan en la dirección del Parlamento y no en la dirección del Consejo. El informe del Fondo Monetario Internacional titulado A Fair and Substancial Contribution to the Financial Sector (16.04.2010) aboga porque " el coste de las quiebras financieras sea cubierto por una Contribución a la Estabilidad Financiera vinculada a un mecanismo efectivo y creíble de resolución de las crisis... para que la industria contribuya a pagar los costes de la crisis..." La Estrategia Europa 2020 (3.03.2010) habla también de "una contribución del sector para sufragar los rescates de los grandes mastodontes financieros". El Consejo Europeo del 26.03.2010 habla finalmente de las instituciones sistémicas y de la necesidad de contar con instrumentos financieros para la gestión de la crisis. El que contamina paga parece ser el nuevo motto de la regulación financiera.
Corresponde a la Presidencia Española liderar un nuevo consenso en materia de supervisión porque dirigir la Unión requiere algo más que talante, requiere el ejercicio de un liderazgo que aglutine esfuerzos e impulse voluntades, que se anticipen a las necesidades de los europeos y sepa resolver sus problemas inmediatos. Lo que tiene que hacer ahora el Presidente de gobierno es coger el toro por los cuernos y no limitarse a ver la corrida desde el tendido. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.
Entrevista
Este es el link a la entrevista que concedí ayer por la tarde a la televisión del PP Europeo antes de la votación en el Comité de ECON.
http://www.eppgroup.eu/tv/default.asp?vid_id=100511_event
(En los próximos días se traducirá al español)
http://www.eppgroup.eu/tv/default.asp?vid_id=100511_event
(En los próximos días se traducirá al español)
lunes, 3 de mayo de 2010
Votación informe supervisión financiera
El próximo día 10 de mayo se votará el informe que he preparado durante los últimos meses sobre la nueva supervisión financiera. El siguiente paso serán las negociaciones entre Parlamento Europeo, Comisión y Consejo. Y por último el informe se votará en el pleno del Parlamento Europeo en junio.
Artículo publicado en El Economista
La supervisión de Sansón
José Manuel García-Margallo y Marfil
Vice-Presidente de la Comisión Económica y Monetaria
"Asió luego Sansón las dos columnas sobre las que descansaba el templo y echo todo su peso sobre ellas. Y dijo Sansón: ¡Muera yo con los Filisteos!" (Jueces 16: 29-30). Las llamadas instituciones sistémicas son como el templo de Sansón: si caen pueden destrozar el sistema financiero entero y causar enormes daños a la economía real. Por eso, hasta los más recalcitrantes adoradores del mercado aceptaron utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar unos bancos que habían campado por sus respetos en los años de las vacas gordas.
Es precisamente la forma de tratar a estas instituciones sistemáticas lo que más separa al Parlamento y al Consejo, los dos colegisladores europeos, a la hora de intentar cerrar el paquete sobre supervisión financiera. Este divorcio no es nuevo porque hace diez años, cuando se discutió la construcción de un mercado interior de servicios financieros, la Eurocámara advirtió que unos supervisores cuya jurisdicción se paraba en sus fronteras nacionales no podrían controlar adecuadamente a unas entidades privadas que pasarían por encima de ellas con la misma desenvoltura con que la bruja cabalgaba en su escoba por encima de los tejados en nuestros cuentos infantiles. Los ministros europeos de Finanzas no nos hicieron caso y la cosa ha acabado como todos sabemos.
En estos momentos hasta los británicos son conscientes de que los "actuales mecanismos suponen riesgos inaceptables para los depositantes y para los contribuyentes. La combinación de un pasaporte europeo para las sucursales, de la supervisión por el país de residencia y de unas garantías puramente nacionales para los depósitos no constituyen una base sólida para el futuro de la regulación y la supervisión de los bancos europeos que operan en distintos países" (Turner Review). Sólo hay dos opciones para superar esta situación: o se da a los supervisores nacionales la facultad de obligar a los bancos que operen en su territorio a operar a través de filiales y no de sucursales y la de decidir en materia de solvencia y liquidez o bien se avanza hacia una mayor integración europea en materia de supervisión.
El Consejo Europeo sigue anclado en las viejas recetas nacionales. El Parlamento ha escogido la solución contraria: confiar a la nueva Autoridad Bancaria Europea la supervisión de las instituciones sistémicas; encargándole que elabore un "código europeo común" que garantice que los bancos transfronterizos estén sujetos a las mismas reglas y prácticas de supervisión cualquiera que sea el país en el que trabajen. La nueva Autoridad sería responsable también de gestionar las crisis desde su nacimiento hasta su resolución. Un Fondo de Protección Europea prefinanciado por los bancos sería el encargado de garantizar los depósitos y acudir al rescate de las instituciones sistemáticas tirando de los recursos acumulados o acudiendo a los mercados. Sólo después de agotadas estas fórmulas, sería necesario recurrir al socorro público. Eso sí, con unas reglas que fijen la distribución de cargas de antemano y no cuando el barco amenace naufragio.
Los ministros europeos de Finanzas van a hablar en Madrid de estos temas y yo espero que se aproximen a nuestra postura, como ha hecho la Comisión Europea en su "Estrategia 2020", al anunciar que buscará contribuciones adecuadas del sector financiero para resolver las futuras crisis y como ha hecho el último Consejo Europeo al reconocer por primera vez la existencia de instituciones sistémicas que requieren un tratamiento singular.
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