President Juan Manuel Santos achieved the support of Spanish politicians on Monday for the pending free trade agreement between Colombia and the European Union.
On a visit to the Spanish capital Madrid, Santos met with King Juan Carlos I and several Spanish members of the European parliament (MEPs) who expressed their view that there are no substantial blocks to the FTA being ratified, El Espectador reports.
"Our impression is that Latin America and Colombia do not need handouts from the EU but opportunities. Today, that opportunity is given by the FTA between Colombia, Peru and the EU. We are going to work for it. That is our commitment, that the agreement be ratified," said Jose Ignacio Salafranca, president of the Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly.
Chairman of the Delegation for Relations with the Countries of the Andean Community, Jose Maria Garcia Margallo added, "Colombia is a country where security and legal stability are most advanced in Latin America. This has allowed the recent good news that (Colombia) has been given an excellent rating on investment."
Colombia's Trade Minister Sergio Diazgranados, is due in Brussels on Wednesday to design the road map for ratification of the FTA with the EU Commissioner. If everything goes as planned, Colombia hopes that the agreement will be ratified by mid-2012, Caracol Radio reported Monday.
Negotiators from both Colombia and the EU signed the final texts of the FTA on March 25, however, a final process of translation and official approval of the agreement must take place before it can come into force.
According to Diazgranados, the EU is currently Colombia's second biggest trading partner and if the FTA were to be ratified, Colombia's exports could grow by another 30% to the bloc through the allowance of nearly 99% of Colombian exporters to enter European markets with zero tariffs.
lunes, 11 de abril de 2011
José Manuel Gª-Margallo y Marfil: Los eurobonos, un regalo de Navidad
La respuesta europea a la crisis está siendo errática, confusa y poco consistente. Cada uno dice lo que se le ocurre y cambia de opinión al día siguiente sin dar ninguna explicación.
El Banco Central Europeo, que antaño era un sanedrín más hermético que los concilios vaticanos, es ahora, desde que estalló la crisis, una jaula de grillos.
Basta que Jean-Claude Trichet se muestre partidario de mantener, durante un cierto tiempo, la barra libre para los bancos con dificultades, o que anuncie su disposición a seguir comprando deuda soberana para mantener la estabilidad de los mercados, para que Jürgen Stark, un alemán que forma parte del comité ejecutivo del Banco, o Axel Weber, el presidente del Bundesbank, digan exactamente lo contrario.
Basta que Barroso diga que quiere que el mecanismo permanente de resolución de crisis tenga carácter europeo, para que el Consejo se apresure a dejar claro que ni la Comisión ni el Parlamento tendrán nada que decir. Vamos, que el mecanismo de Barroso de europeo lo único tendrá es la sede, que al parecer estará en Luxemburgo y no en las IslasCaimán
El último motivo de discordia son los eurobonos: obligaciones emitidas conjuntamente por los países del euro para financiar entre todos una parte razonable de la deuda pública de cada país sin poner en peligro las finanzas nacionales ni las europeas.
Estos títulos, conocidos en la jerga comunitaria como bonos azules, gozarían de las máximas calificaciones crediticias, la famosa triple A que la deuda española ha perdido. Los bonos azules se pagarían antes que cualquier otra obligación (deuda senior) y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés muy competitivo. Por el contrario, la parte de la deuda soberana de cada país que no fuese cubierta por los bonos azules lo sería mediante la emisión de títulos nacionales por cada uno de los países de la zona euro (bonos rojos), que se pagarían después de haberse pagado los azules y, en consecuencia, su coste sería casi prohibitivo. Más o menos lo que pasa con las hipotecas en Estados Unidos: préstamos a tipo normal para los clientes solventes (prime), y a tipos disparatados para los menos solventes (subprime).
La idea fue lanzada por Jean Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, y por GiulioTremonti, el ministro de Hacienda italiano. Merkel reaccionó como una pantera.
Por su parte, la OCDE, Frank-Walter Steinmeier, el ex ministro de Asuntos Exteriores y actual líder de la socialdemocracia alemana, y Peer Steinbrück, ex ministro de Hacienda alemán, han terciado en el debate a favor de los eurobonos. Lo mismo ha hecho el multimillonario George Soros, que no sé si será de izquierdas, pero que desde luego no tiene problemas para llegar a fin de mes.
Mientras tanto, el último Consejo Europeo ha dicho que nones y el Parlamento ha decidido seguir adelante con la copla, lo que augura que el debate no está ni mucho menos muerto, aunque los eurodiputados del partido de Merkel están dispuestos a hacer lo posible y lo imposible para abortarlo.
Y es que los contribuyentes alemanes se desayunan cada mañana con periódicos sensacionalistas que les asustan diciendo que los eurobonos les van a obligar a pagar por las extravagancias de los países periféricos -Grecia, Irlanda, Portugal y España- en los que la gente trabaja menos, goza de prestaciones sociales más generosas y se jubila antes que ellos.
Los eurodiputados alemanes no se creen estas historias simplistas, pero sí temen que el coste de los eurobonos sea más alto que el que habría que pagar por el bono alemán.
Es posible que a corto plazo tengan razón, porque el interés a pagar por un bono español a diez años está en el 5,53 por ciento y el del griego en el 11,59 por ciento, mientras que el del alemán no pasa del 3,04 por ciento.
Motivos infundados
Pero hay varias razones por las que creo que, a largo plazo, los temores de los eurodiputados alemanes no están fundados.
En primer lugar, porque antes incluso de que nos pongamos de acuerdo sobre los eurobonos se habrá aprobado una reforma del Pacto de Estabilidad que permitirá controlar mucho mejor que ahora las extravagancias presupuestarias de los países del euro.
Además, estamos discutiendo disposiciones muy concretas para forzar a los países del euro a abordar las reformas necesarias para mejorar su competitividad.
Es obvio que cuando un país está embarcado en un proceso de modernización de su economía lo que procede es transfundirle sangre y no chupársela como los vampiros medievales.
Los eurobonos permiten conseguir simultáneamente los dos objetivos en que se resume la ortodoxia económica: una financiación razonable para los países con bajos niveles de deuda y una carísima para los que se salten las reglas.
Un auténtico huevo de Colón especialmente atractivo para los que creemos que ésta es una buena ocasión para avanzar en el proceso de la construcción europea.
Tesoro común
La emisión de los eurobonos, su colocación entre los inversores de dentro y de fuera de la Unión y la adjudicación de los recursos obtenidos entre los países del euro obligarían a crear una especie de Departamento del Tesoro que supondría un paso más en el diseño de una arquitectura europea más integrada.
Además, los eurobonos darán un empujoncito más al euro como moneda internacional porque serán el detonante necesario para la creaciónde un mercado de obligaciones europeo que, según los cálculos más conservadores, sería cinco veces el alemán y casi tan grande como el americano.
Los viejos textos de Economía dicen que la gracia de una moneda depende de la importancia de quién la emite, de su papel en el mundo, de su estabilidad, y esto es lo que me importa, de la existencia de mercados financieros bien desarrollados.
Como español, el sistema me resulta aún más atractivo y no acierto a comprender las reticencias de algunos compatriotas. Los eurobonos son buenos para la Unión y para casi todos los países del euro, pero lo son especialmente para nosotros.
Los expertos que trabajan para la organización Bruegel, una task force marcadamente europeísta, consideran que los países más pequeños y con un mercado de bonos soberanos menos líquido (Austria y Luxemburgo) serían más beneficiados que los más grandes (Francia o Alemania), aunque éstos también estarían mejor que ahora.
Consideran también que los países en los que la relación deuda pública/PIB es más alta tendrán que esforzarse más que otros (Finlandia o Países Bajos) para abaratar el costo de sus bonos rojos y ganarse la confianza de los mercados.
Estiman, finalmente, que aquellos estados que están cerca de un rescate serán los que más beneficios saquen de los bonos azules.
Y España es un país intermedio con un mercado de bonos mediano, con una relación de deuda pública relativamente buena y candidato al rescate en casi todos los periódicos económicos.
Para nosotros, por lo tanto, los eurobonos pueden ser un buen regalo de Reyes, y aunque el Gobierno de Zapatero no merece otra cosa que carbón, es obvio que el resto de los españoles no nos merecemos quedarnos sin regalo.
Post Scriptum. El Gobierno español ha ido al Consejo Europeo con tres pretensiones que comparto: la ampliación del actual Fondo de Rescate; su flexibilización para poder atender a países que están en dificultades pero todavía tienen la cabeza por encima del agua, y los eurobonos.
No las plantearon en el Consejo de Ministros de Economía para que no se interpretase que necesitamos un rescate. El presidente del Gobierno las expuso cuando ya no había tiempo de explicarlas ni de ganar aliados.
Ésa es, exactamente, la forma de no conseguir nada en Europa y me preocupa enormemente que sigamos actuando de la misma manera, porque ahora nos toca debatir las perspectivas financieras para los próximos años y si lo hacemos mal, lo pagaremos todos los españoles, especialmente los agricultores y las regiones menos desarrolladas.
El Banco Central Europeo, que antaño era un sanedrín más hermético que los concilios vaticanos, es ahora, desde que estalló la crisis, una jaula de grillos.
Basta que Jean-Claude Trichet se muestre partidario de mantener, durante un cierto tiempo, la barra libre para los bancos con dificultades, o que anuncie su disposición a seguir comprando deuda soberana para mantener la estabilidad de los mercados, para que Jürgen Stark, un alemán que forma parte del comité ejecutivo del Banco, o Axel Weber, el presidente del Bundesbank, digan exactamente lo contrario.
Basta que Barroso diga que quiere que el mecanismo permanente de resolución de crisis tenga carácter europeo, para que el Consejo se apresure a dejar claro que ni la Comisión ni el Parlamento tendrán nada que decir. Vamos, que el mecanismo de Barroso de europeo lo único tendrá es la sede, que al parecer estará en Luxemburgo y no en las IslasCaimán
El último motivo de discordia son los eurobonos: obligaciones emitidas conjuntamente por los países del euro para financiar entre todos una parte razonable de la deuda pública de cada país sin poner en peligro las finanzas nacionales ni las europeas.
Estos títulos, conocidos en la jerga comunitaria como bonos azules, gozarían de las máximas calificaciones crediticias, la famosa triple A que la deuda española ha perdido. Los bonos azules se pagarían antes que cualquier otra obligación (deuda senior) y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés muy competitivo. Por el contrario, la parte de la deuda soberana de cada país que no fuese cubierta por los bonos azules lo sería mediante la emisión de títulos nacionales por cada uno de los países de la zona euro (bonos rojos), que se pagarían después de haberse pagado los azules y, en consecuencia, su coste sería casi prohibitivo. Más o menos lo que pasa con las hipotecas en Estados Unidos: préstamos a tipo normal para los clientes solventes (prime), y a tipos disparatados para los menos solventes (subprime).
La idea fue lanzada por Jean Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, y por GiulioTremonti, el ministro de Hacienda italiano. Merkel reaccionó como una pantera.
Por su parte, la OCDE, Frank-Walter Steinmeier, el ex ministro de Asuntos Exteriores y actual líder de la socialdemocracia alemana, y Peer Steinbrück, ex ministro de Hacienda alemán, han terciado en el debate a favor de los eurobonos. Lo mismo ha hecho el multimillonario George Soros, que no sé si será de izquierdas, pero que desde luego no tiene problemas para llegar a fin de mes.
Mientras tanto, el último Consejo Europeo ha dicho que nones y el Parlamento ha decidido seguir adelante con la copla, lo que augura que el debate no está ni mucho menos muerto, aunque los eurodiputados del partido de Merkel están dispuestos a hacer lo posible y lo imposible para abortarlo.
Y es que los contribuyentes alemanes se desayunan cada mañana con periódicos sensacionalistas que les asustan diciendo que los eurobonos les van a obligar a pagar por las extravagancias de los países periféricos -Grecia, Irlanda, Portugal y España- en los que la gente trabaja menos, goza de prestaciones sociales más generosas y se jubila antes que ellos.
Los eurodiputados alemanes no se creen estas historias simplistas, pero sí temen que el coste de los eurobonos sea más alto que el que habría que pagar por el bono alemán.
Es posible que a corto plazo tengan razón, porque el interés a pagar por un bono español a diez años está en el 5,53 por ciento y el del griego en el 11,59 por ciento, mientras que el del alemán no pasa del 3,04 por ciento.
Motivos infundados
Pero hay varias razones por las que creo que, a largo plazo, los temores de los eurodiputados alemanes no están fundados.
En primer lugar, porque antes incluso de que nos pongamos de acuerdo sobre los eurobonos se habrá aprobado una reforma del Pacto de Estabilidad que permitirá controlar mucho mejor que ahora las extravagancias presupuestarias de los países del euro.
Además, estamos discutiendo disposiciones muy concretas para forzar a los países del euro a abordar las reformas necesarias para mejorar su competitividad.
Es obvio que cuando un país está embarcado en un proceso de modernización de su economía lo que procede es transfundirle sangre y no chupársela como los vampiros medievales.
Los eurobonos permiten conseguir simultáneamente los dos objetivos en que se resume la ortodoxia económica: una financiación razonable para los países con bajos niveles de deuda y una carísima para los que se salten las reglas.
Un auténtico huevo de Colón especialmente atractivo para los que creemos que ésta es una buena ocasión para avanzar en el proceso de la construcción europea.
Tesoro común
La emisión de los eurobonos, su colocación entre los inversores de dentro y de fuera de la Unión y la adjudicación de los recursos obtenidos entre los países del euro obligarían a crear una especie de Departamento del Tesoro que supondría un paso más en el diseño de una arquitectura europea más integrada.
Además, los eurobonos darán un empujoncito más al euro como moneda internacional porque serán el detonante necesario para la creaciónde un mercado de obligaciones europeo que, según los cálculos más conservadores, sería cinco veces el alemán y casi tan grande como el americano.
Los viejos textos de Economía dicen que la gracia de una moneda depende de la importancia de quién la emite, de su papel en el mundo, de su estabilidad, y esto es lo que me importa, de la existencia de mercados financieros bien desarrollados.
Como español, el sistema me resulta aún más atractivo y no acierto a comprender las reticencias de algunos compatriotas. Los eurobonos son buenos para la Unión y para casi todos los países del euro, pero lo son especialmente para nosotros.
Los expertos que trabajan para la organización Bruegel, una task force marcadamente europeísta, consideran que los países más pequeños y con un mercado de bonos soberanos menos líquido (Austria y Luxemburgo) serían más beneficiados que los más grandes (Francia o Alemania), aunque éstos también estarían mejor que ahora.
Consideran también que los países en los que la relación deuda pública/PIB es más alta tendrán que esforzarse más que otros (Finlandia o Países Bajos) para abaratar el costo de sus bonos rojos y ganarse la confianza de los mercados.
Estiman, finalmente, que aquellos estados que están cerca de un rescate serán los que más beneficios saquen de los bonos azules.
Y España es un país intermedio con un mercado de bonos mediano, con una relación de deuda pública relativamente buena y candidato al rescate en casi todos los periódicos económicos.
Para nosotros, por lo tanto, los eurobonos pueden ser un buen regalo de Reyes, y aunque el Gobierno de Zapatero no merece otra cosa que carbón, es obvio que el resto de los españoles no nos merecemos quedarnos sin regalo.
Post Scriptum. El Gobierno español ha ido al Consejo Europeo con tres pretensiones que comparto: la ampliación del actual Fondo de Rescate; su flexibilización para poder atender a países que están en dificultades pero todavía tienen la cabeza por encima del agua, y los eurobonos.
No las plantearon en el Consejo de Ministros de Economía para que no se interpretase que necesitamos un rescate. El presidente del Gobierno las expuso cuando ya no había tiempo de explicarlas ni de ganar aliados.
Ésa es, exactamente, la forma de no conseguir nada en Europa y me preocupa enormemente que sigamos actuando de la misma manera, porque ahora nos toca debatir las perspectivas financieras para los próximos años y si lo hacemos mal, lo pagaremos todos los españoles, especialmente los agricultores y las regiones menos desarrolladas.
La segunda oportunidad del euro
Llegó la hora de coordinar las políticas económicas en la Unión. A ver quién gana: los que quieren más control presupuestario y más Europa o los que prefieren que los Gobiernos manejen como deseen sus cuentas públicas
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO 29/10/2010
Es sabido que las crisis pueden convertirse en excelentes oportunidades de cambiar y mejorar las cosas. Y eso es exactamente lo que puede pasar con la gobernanza económica, un paso de gigante en la construcción europea. En este proceso ha habido varios intentos de coordinar las políticas económicas nacionales, pero todas han descarrilado. El Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Estrategia de Lisboa han sido los intentos más recientes. Las causas que provocan el descarrilamiento son siempre las mismas: en la medida en que el Consejo de Ministros es el órgano encargado de decidir quién y cuándo ha incumplido con sus compromisos económicos, así como la pena que se le debe imponer, el proceso nace viciado. Ya se sabe que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Para entender lo que está pasando conviene recordar que la gobernanza ha sido un mantra del que todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo sin que nadie se atreviese a ponerle el cascabel al gato. Pero las cosas han cambiado, porque los contribuyentes no están dispuestos a volver a pagar las extravagancias de Wall Street o de la City. La crisis ha evidenciado que la economía europea era menos flexible que la americana o la de los países emergentes, entre otras cosas porque ha fallado la Estrategia de Lisboa, que no establecía incentivos para los países cumplidores o sanciones para los más perezosos. Y se ha evidenciado que tampoco ha funcionado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, concebido para garantizar que la prodigalidad de los Gobiernos no arruinase los esfuerzos del Banco Central para mantener la estabilidad de precios, el dogma sobre el que se asienta la construcción europea.
La crisis obligó a todos los países de la Unión a poner en marcha unas ayudas públicas astronómicas (más de cuatro veces el PIB español) para evitar que el desastre financiero se convirtiese en recesión como ocurrió en 1929. Entre el 2008 y el 2010, el déficit público de la UE pasó del 2,3% al 7,5% del PIB; la deuda pública del 61,6% del PIB al 80%. La crisis demostró también que no teníamos botes de salvamento cuando el tsunami financiero llegó a nuestras costas. Los ministros de Finanzas tuvieron que arbitrar deprisa y corriendo un mecanismo ad hoc (750 millardos de euros) para ayudar a los países de la zona euro con dificultades serias para refinanciar su deuda en los mercados internacionales, especialmente a Grecia. Todo para salvar al euro. Así las cosas, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas bastante ambicioso. El Consejo de Ministros se descolgó con un acuerdo mucho menos ambicioso. El Consejo Europeo, por su parte, hizo un documento bastante vago y el Parlamento todavía no ha dado su opinión, que es importante porque sin la aprobación de la Eurocámara no hay acuerdo que valga.
Con este telón de fondo, se entiende bien que el Parlamento Europeo no quiera que el debate sobre la gobernanza económica se salde una vez más con un mero cambio cosmético, siguiendo la vieja tradición de El Gatopardo. La Comisión ha puesto encima de la mesa un paquete que incluye cuatro piezas fundamentales: el "semestre europeo"; la reforma del Pacto de Estabilidad; el establecimiento de un sistema de control de los desequilibrios macroeconómicos y la puesta en marcha de un marco de gestión de crisis para los países miembros del euro.
Se conoce como "semestre europeo", la primera pieza del puzle, al periodo de seis meses durante el que se discutirán las políticas presupuestarias de cada uno de los países miembros antes de que sean sometidas a sus respectivos Parlamentos. El Consejo Europeo definirá, en marzo de cada año, los retos económicos de la Unión y aprobará las orientaciones estratégicas necesarias para afrontarlos. Teniendo en cuenta estas orientaciones, los Estados miembros llevarán a Europa, en abril, sus programas de estabilidad y convergencia; en ellos plasmarán sus estrategias presupuestarias a medio plazo y también los programas nacionales de reformas en el que tendrán que hacer constar las políticas que piensan adoptar en ámbitos como el empleo o la inclusión social. Para que esta coordinación temprana funcione, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos internos que incluyan a todas las Administraciones y que respondan escrupulosamente a las orientaciones europeas.
La segunda pieza del puzle es la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que apunta en tres direcciones: reforzar su dimensión preventiva -especialmente en época de vacas gordas-, asegurar su mejor cumplimiento y, sobre todo, dar más protagonismo que hasta ahora a la deuda pública. Antes de la crisis, se creyó que bastaba con mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB para que la deuda pública se situase mecánicamente por debajo del 60%. Como esta convergencia automática no ha funcionado, Durão Barroso, presidente de la Comisión, propone ahora lanzar el procedimiento de déficit excesivo contra aquellos países cuya deuda sea superior al 60% del PIB aunque su déficit público esté por debajo del 3%, siempre y cuando no sean capaces de reducirla a la velocidad de crucero establecida en Bruselas.
La tercera pieza de este puzle afecta al control macroeconómico. La crisis ha demostrado también que las finanzas públicas no pueden ser contempladas como una especie de burbuja en el vacío; deben ser analizadas en el marco de la política económica general. Lo que se pretende es detectar los desequilibrios macroeconómicos de cada Estado miembro -incluidos los retrasos en materia de competitividad- antes de que dinamiten las cuentas públicas, tal y como ha ocurrido en Grecia. Cuando se detecte uno de ellos (alarma amarilla), se encargará un análisis a un grupo de expertos independientes, una especie de test de resistencia. Si se confirma que el riesgo existe, la Comisión formulará recomendaciones específicas al país en cuestión. Cuando el país en cuestión no cumpla estas recomendaciones, la Comisión lo pondrá en "posición de desequilibrio excesivo" y lo someterá a un control reforzado que puede conducir a la adopción de las sanciones. Los planes de reforma nacionales serán también revisados por las instituciones europeas para garantizar que son coherentes con la nueva estrategia de crecimiento que llamamos Europa 2020.
La cuarta y última pieza es el establecimiento de un marco de gestión de crisis para los países de la zona euro. Se pretende así evitar madrugadas de infarto como la que se vivió en el caso griego. La Comisión quiere establecer procedimientos claros y creíbles que regulen las ayudas a las que puedan tener acceso los países que se encuentran en una situación económica grave.
Quedan por resolver las cuestiones más espinosas de las propuestas de la Comisión. Por ejemplo, qué sanciones aplicar; hay quienes quieren suspender los derechos de voto de los pecadores; otros prefieren cerrarles el grifo de las ayudas comunitarias o imponerles multas. Otro asunto espinoso será determinar quién toma la decisión; unos quieren que sea la Comisión o el Banco Central; otros abogan porque las sanciones sean aplicadas de forma automática; y también hay quienes defienden actuar caso por caso. También será peliagudo definir en qué momento actuar; cuestión clave porque de nada sirve establecer sanciones cuando el país en cuestión se ha endeudado hasta las cejas o haya dejado su economía hecha unos zorros. Habrá que decidir también qué pasa con los países que no forman parte del euro, porque no tiene demasiado sentido que algunas de las sanciones previstas solo puedan aplicarse a los países de la zona euro.
Estas son a muy grandes rasgos las propuestas sobre "gobernanza económica" de la que tanto se va a hablar en los próximos meses. Aunque no todos coincidamos con las propuestas de la Comisión, sabemos que hay que retomar un debate que los Gobiernos aparcaron en el momento del nacimiento del euro y que resulta inaplazable después de una crisis que nos ha dejado tiesos: cuando se forma parte de un club, se tienen derechos, pero también obligaciones. Lo que hay que ver es si ganamos los que queremos más control presupuestario y más Europa o los que prefieren seguir dejando que los Gobiernos hagan mangas y capirotes con sus cuentas públicas.
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO 29/10/2010
Es sabido que las crisis pueden convertirse en excelentes oportunidades de cambiar y mejorar las cosas. Y eso es exactamente lo que puede pasar con la gobernanza económica, un paso de gigante en la construcción europea. En este proceso ha habido varios intentos de coordinar las políticas económicas nacionales, pero todas han descarrilado. El Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Estrategia de Lisboa han sido los intentos más recientes. Las causas que provocan el descarrilamiento son siempre las mismas: en la medida en que el Consejo de Ministros es el órgano encargado de decidir quién y cuándo ha incumplido con sus compromisos económicos, así como la pena que se le debe imponer, el proceso nace viciado. Ya se sabe que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Para entender lo que está pasando conviene recordar que la gobernanza ha sido un mantra del que todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo sin que nadie se atreviese a ponerle el cascabel al gato. Pero las cosas han cambiado, porque los contribuyentes no están dispuestos a volver a pagar las extravagancias de Wall Street o de la City. La crisis ha evidenciado que la economía europea era menos flexible que la americana o la de los países emergentes, entre otras cosas porque ha fallado la Estrategia de Lisboa, que no establecía incentivos para los países cumplidores o sanciones para los más perezosos. Y se ha evidenciado que tampoco ha funcionado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, concebido para garantizar que la prodigalidad de los Gobiernos no arruinase los esfuerzos del Banco Central para mantener la estabilidad de precios, el dogma sobre el que se asienta la construcción europea.
La crisis obligó a todos los países de la Unión a poner en marcha unas ayudas públicas astronómicas (más de cuatro veces el PIB español) para evitar que el desastre financiero se convirtiese en recesión como ocurrió en 1929. Entre el 2008 y el 2010, el déficit público de la UE pasó del 2,3% al 7,5% del PIB; la deuda pública del 61,6% del PIB al 80%. La crisis demostró también que no teníamos botes de salvamento cuando el tsunami financiero llegó a nuestras costas. Los ministros de Finanzas tuvieron que arbitrar deprisa y corriendo un mecanismo ad hoc (750 millardos de euros) para ayudar a los países de la zona euro con dificultades serias para refinanciar su deuda en los mercados internacionales, especialmente a Grecia. Todo para salvar al euro. Así las cosas, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas bastante ambicioso. El Consejo de Ministros se descolgó con un acuerdo mucho menos ambicioso. El Consejo Europeo, por su parte, hizo un documento bastante vago y el Parlamento todavía no ha dado su opinión, que es importante porque sin la aprobación de la Eurocámara no hay acuerdo que valga.
Con este telón de fondo, se entiende bien que el Parlamento Europeo no quiera que el debate sobre la gobernanza económica se salde una vez más con un mero cambio cosmético, siguiendo la vieja tradición de El Gatopardo. La Comisión ha puesto encima de la mesa un paquete que incluye cuatro piezas fundamentales: el "semestre europeo"; la reforma del Pacto de Estabilidad; el establecimiento de un sistema de control de los desequilibrios macroeconómicos y la puesta en marcha de un marco de gestión de crisis para los países miembros del euro.
Se conoce como "semestre europeo", la primera pieza del puzle, al periodo de seis meses durante el que se discutirán las políticas presupuestarias de cada uno de los países miembros antes de que sean sometidas a sus respectivos Parlamentos. El Consejo Europeo definirá, en marzo de cada año, los retos económicos de la Unión y aprobará las orientaciones estratégicas necesarias para afrontarlos. Teniendo en cuenta estas orientaciones, los Estados miembros llevarán a Europa, en abril, sus programas de estabilidad y convergencia; en ellos plasmarán sus estrategias presupuestarias a medio plazo y también los programas nacionales de reformas en el que tendrán que hacer constar las políticas que piensan adoptar en ámbitos como el empleo o la inclusión social. Para que esta coordinación temprana funcione, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos internos que incluyan a todas las Administraciones y que respondan escrupulosamente a las orientaciones europeas.
La segunda pieza del puzle es la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que apunta en tres direcciones: reforzar su dimensión preventiva -especialmente en época de vacas gordas-, asegurar su mejor cumplimiento y, sobre todo, dar más protagonismo que hasta ahora a la deuda pública. Antes de la crisis, se creyó que bastaba con mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB para que la deuda pública se situase mecánicamente por debajo del 60%. Como esta convergencia automática no ha funcionado, Durão Barroso, presidente de la Comisión, propone ahora lanzar el procedimiento de déficit excesivo contra aquellos países cuya deuda sea superior al 60% del PIB aunque su déficit público esté por debajo del 3%, siempre y cuando no sean capaces de reducirla a la velocidad de crucero establecida en Bruselas.
La tercera pieza de este puzle afecta al control macroeconómico. La crisis ha demostrado también que las finanzas públicas no pueden ser contempladas como una especie de burbuja en el vacío; deben ser analizadas en el marco de la política económica general. Lo que se pretende es detectar los desequilibrios macroeconómicos de cada Estado miembro -incluidos los retrasos en materia de competitividad- antes de que dinamiten las cuentas públicas, tal y como ha ocurrido en Grecia. Cuando se detecte uno de ellos (alarma amarilla), se encargará un análisis a un grupo de expertos independientes, una especie de test de resistencia. Si se confirma que el riesgo existe, la Comisión formulará recomendaciones específicas al país en cuestión. Cuando el país en cuestión no cumpla estas recomendaciones, la Comisión lo pondrá en "posición de desequilibrio excesivo" y lo someterá a un control reforzado que puede conducir a la adopción de las sanciones. Los planes de reforma nacionales serán también revisados por las instituciones europeas para garantizar que son coherentes con la nueva estrategia de crecimiento que llamamos Europa 2020.
La cuarta y última pieza es el establecimiento de un marco de gestión de crisis para los países de la zona euro. Se pretende así evitar madrugadas de infarto como la que se vivió en el caso griego. La Comisión quiere establecer procedimientos claros y creíbles que regulen las ayudas a las que puedan tener acceso los países que se encuentran en una situación económica grave.
Quedan por resolver las cuestiones más espinosas de las propuestas de la Comisión. Por ejemplo, qué sanciones aplicar; hay quienes quieren suspender los derechos de voto de los pecadores; otros prefieren cerrarles el grifo de las ayudas comunitarias o imponerles multas. Otro asunto espinoso será determinar quién toma la decisión; unos quieren que sea la Comisión o el Banco Central; otros abogan porque las sanciones sean aplicadas de forma automática; y también hay quienes defienden actuar caso por caso. También será peliagudo definir en qué momento actuar; cuestión clave porque de nada sirve establecer sanciones cuando el país en cuestión se ha endeudado hasta las cejas o haya dejado su economía hecha unos zorros. Habrá que decidir también qué pasa con los países que no forman parte del euro, porque no tiene demasiado sentido que algunas de las sanciones previstas solo puedan aplicarse a los países de la zona euro.
Estas son a muy grandes rasgos las propuestas sobre "gobernanza económica" de la que tanto se va a hablar en los próximos meses. Aunque no todos coincidamos con las propuestas de la Comisión, sabemos que hay que retomar un debate que los Gobiernos aparcaron en el momento del nacimiento del euro y que resulta inaplazable después de una crisis que nos ha dejado tiesos: cuando se forma parte de un club, se tienen derechos, pero también obligaciones. Lo que hay que ver es si ganamos los que queremos más control presupuestario y más Europa o los que prefieren seguir dejando que los Gobiernos hagan mangas y capirotes con sus cuentas públicas.
IT'S POLITICS, STUPID!
En estos días se ha extendido por los mercados la idea de que los líderes europeos podrían estar planeando una respuesta conjunta y mucho más agresiva a la crisis y ese rumor ha servido para que las bolsas de todo el mundo vean el futuro con más optimismo. Este comportamiento de los mercados evidencia que el problema que tenemos no es un problema económico, es un problema político. La situación de las economías periféricas era la misma hace unos meses que hace unos días, pero la marea sólo ha cambiado cuando los mercados han percibido que la política europea podría cambiar.
Lo que está en juego ahora es saber como vamos a enfrentar todos los europeos la salida de la crisis; si lo vamos a hacer todos juntos o cada uno por su cuenta. Lo que también se discute es si la nueva política europea se va a orientar exclusivamente a la consolidación fiscal o va a prestar también atención a la necesidad de encontrar nuevos recursos financieros para hacer más llevadera la carga de los países en dificultades y, sobre todo, para impulsar un plan de choque que saque a la zona euro de su postración anual. Y eso es política.
Es un hecho que todos los países miembros de la zona euro han movilizado ingentes cantidades de dinero para tratar de evitar que la crisis financiera desembocase en una recesión de proporciones similares a la Gran Depresión de 1929. Las cifras son aterradoras: las ayudas comprometidas sólo con el sector financiero suponen un 33% del PIB de la Unión, a las que hay que añadir los estímulos fiscales que absorben más del 5% de la riqueza total.
En estas condiciones parece obvio que los países de la zona euro no van a poder endeudarse durante bastante tiempo, porque lo que toca es pagar las deudas pendientes. Tampoco podrán tirar de gasto público o reducir los impuestos para impulsar el crecimiento porque el nuevo paquete de gobernanza canoniza el llamado principio de la "política fiscal prudente" que postula que "el crecimiento anual del gasto no debería exceder de una tasa prudente de crecimiento del PIB a medio plazo". Esta rebuscada fórmula lo que quiere decir es que nadie podrá gastar por encima de lo que gana y los que tienen deudas pendientes tendrán que gastar menos todavía. Tampoco podrán bajar los impuestos, salvo que reduzcan el gasto público en la misma cuantía.
En definitiva, los países de la zona euro están ante una compleja encrucijada: de un lado tienen que hacer algo para acortar distancias con los países que crecen más que nosotros, que son casi todos; de otro, no pueden endeudarse, tirar de gasto público, ni bajar impuestos para impulsar la economía. Todo esto es muy preocupante porque según acabamos de saber, los países emergentes, los Estados Unidos y Japón están saliendo de la crisis mucho más deprisa que Europa y tienen mejores perspectivas de crecimiento. Como dijo ha ya un cierto tiempo, el conocido escritor Walter Laqueur: "Dado el descenso de su población, es posible que Europa, o al menos parte de ella, se convierta en un parque temático, una especie de Disneylandia sofisticada para los turistas ricos de China o India".
Así las cosas, parece lo más inteligente es diseñar una estrategia europea para salir de este lío. Pero la solución no podemos buscarla en el presupuesto europeo, que se ha reducido al máximo por imperativo de Cameron, sino en lo que en la jerga comunitaria se denominan "recursos financieros novedosos", como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o la emisión de bonos para proyectos específicos. Dios aprieta pero no ahoga, y tenemos la ventaja de que la Unión Europea, como tal, tiene su capacidad de endeudamiento casi intacta.
El BEI es una institución bastante desconocida pero que tiene un potencial enorme. Es dos veces más grande que el Banco Mundial y emite obligaciones de las que solo él responde, lo que explica que los gobiernos nacionales no deban computarlas en su deuda pública. El BEI se ha encargado tradicionalmente de financiar las inversiones en materia de sanidad, educación, regeneración urbana, tecnologías verdes y apoyo a las pequeñas empresas y, a partir del Tratado de Lisboa, puede tomar participaciones en el capital de las empresas, establecer filiales y prestar servicios de asistencia técnica. Sus préstamos anuales alcanza la nada despreciable cifra de 80 mil millones de euros, es decir dos tercios de los recursos de la Comisión europea. Sólo con que hiciese en los próximos diez años un esfuerzo similar al que ha hecho en los últimos veinte años, dispondría de unos recursos similares a los que el Plan Marshall movilizó para reconstruir las economías europeas devastadas por el conflicto bélico.
Si esto no fuese suficiente se podría recurrir a la emisión de bonos para proyectos específicos que la Comisión incluye en su propuesta de consolidación del mercado interior. Con estos dos instrumentos, el BEI y los bonos, podríamos explicar a nuestros conciudadanos que nos preocupamos por reducir la deuda pública porque así no se puede seguir, pero también queremos hacer frente a la situación de penuria por la que atraviesan la mayor parte de las economías europeas.
Termino por donde empecé. El Plan Marshall (1947) exigía a los países que quisieran beneficiarse de la ayuda económica norteamericana diseñar un plan conjunto, y no una mera yuxtaposición de planes nacionales. Para cumplir esta exigencia se creó en 1948 la organización europea de cooperación económica (OECE) que luego se convertiría en la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE), el precedente de la Comunidad europea. Lo que en síntesis se discute es si convertimos la crisis en una oportunidad para avanzar en el proceso de construcción europea o si, por el contrario, damos rienda suelta a nuestros peores instintos proteccionistas y nos replegamos cada uno de nosotros detrás de nuestras fronteras nacionales. Y eso es política.
Lo que está en juego ahora es saber como vamos a enfrentar todos los europeos la salida de la crisis; si lo vamos a hacer todos juntos o cada uno por su cuenta. Lo que también se discute es si la nueva política europea se va a orientar exclusivamente a la consolidación fiscal o va a prestar también atención a la necesidad de encontrar nuevos recursos financieros para hacer más llevadera la carga de los países en dificultades y, sobre todo, para impulsar un plan de choque que saque a la zona euro de su postración anual. Y eso es política.
Es un hecho que todos los países miembros de la zona euro han movilizado ingentes cantidades de dinero para tratar de evitar que la crisis financiera desembocase en una recesión de proporciones similares a la Gran Depresión de 1929. Las cifras son aterradoras: las ayudas comprometidas sólo con el sector financiero suponen un 33% del PIB de la Unión, a las que hay que añadir los estímulos fiscales que absorben más del 5% de la riqueza total.
En estas condiciones parece obvio que los países de la zona euro no van a poder endeudarse durante bastante tiempo, porque lo que toca es pagar las deudas pendientes. Tampoco podrán tirar de gasto público o reducir los impuestos para impulsar el crecimiento porque el nuevo paquete de gobernanza canoniza el llamado principio de la "política fiscal prudente" que postula que "el crecimiento anual del gasto no debería exceder de una tasa prudente de crecimiento del PIB a medio plazo". Esta rebuscada fórmula lo que quiere decir es que nadie podrá gastar por encima de lo que gana y los que tienen deudas pendientes tendrán que gastar menos todavía. Tampoco podrán bajar los impuestos, salvo que reduzcan el gasto público en la misma cuantía.
En definitiva, los países de la zona euro están ante una compleja encrucijada: de un lado tienen que hacer algo para acortar distancias con los países que crecen más que nosotros, que son casi todos; de otro, no pueden endeudarse, tirar de gasto público, ni bajar impuestos para impulsar la economía. Todo esto es muy preocupante porque según acabamos de saber, los países emergentes, los Estados Unidos y Japón están saliendo de la crisis mucho más deprisa que Europa y tienen mejores perspectivas de crecimiento. Como dijo ha ya un cierto tiempo, el conocido escritor Walter Laqueur: "Dado el descenso de su población, es posible que Europa, o al menos parte de ella, se convierta en un parque temático, una especie de Disneylandia sofisticada para los turistas ricos de China o India".
Así las cosas, parece lo más inteligente es diseñar una estrategia europea para salir de este lío. Pero la solución no podemos buscarla en el presupuesto europeo, que se ha reducido al máximo por imperativo de Cameron, sino en lo que en la jerga comunitaria se denominan "recursos financieros novedosos", como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o la emisión de bonos para proyectos específicos. Dios aprieta pero no ahoga, y tenemos la ventaja de que la Unión Europea, como tal, tiene su capacidad de endeudamiento casi intacta.
El BEI es una institución bastante desconocida pero que tiene un potencial enorme. Es dos veces más grande que el Banco Mundial y emite obligaciones de las que solo él responde, lo que explica que los gobiernos nacionales no deban computarlas en su deuda pública. El BEI se ha encargado tradicionalmente de financiar las inversiones en materia de sanidad, educación, regeneración urbana, tecnologías verdes y apoyo a las pequeñas empresas y, a partir del Tratado de Lisboa, puede tomar participaciones en el capital de las empresas, establecer filiales y prestar servicios de asistencia técnica. Sus préstamos anuales alcanza la nada despreciable cifra de 80 mil millones de euros, es decir dos tercios de los recursos de la Comisión europea. Sólo con que hiciese en los próximos diez años un esfuerzo similar al que ha hecho en los últimos veinte años, dispondría de unos recursos similares a los que el Plan Marshall movilizó para reconstruir las economías europeas devastadas por el conflicto bélico.
Si esto no fuese suficiente se podría recurrir a la emisión de bonos para proyectos específicos que la Comisión incluye en su propuesta de consolidación del mercado interior. Con estos dos instrumentos, el BEI y los bonos, podríamos explicar a nuestros conciudadanos que nos preocupamos por reducir la deuda pública porque así no se puede seguir, pero también queremos hacer frente a la situación de penuria por la que atraviesan la mayor parte de las economías europeas.
Termino por donde empecé. El Plan Marshall (1947) exigía a los países que quisieran beneficiarse de la ayuda económica norteamericana diseñar un plan conjunto, y no una mera yuxtaposición de planes nacionales. Para cumplir esta exigencia se creó en 1948 la organización europea de cooperación económica (OECE) que luego se convertiría en la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE), el precedente de la Comunidad europea. Lo que en síntesis se discute es si convertimos la crisis en una oportunidad para avanzar en el proceso de construcción europea o si, por el contrario, damos rienda suelta a nuestros peores instintos proteccionistas y nos replegamos cada uno de nosotros detrás de nuestras fronteras nacionales. Y eso es política.
SE BUSCA ESTRATEGIA:. RAZÓN UNIÓN EUROPEA
La eurozona está de hecho partida en dos: de un lado, los países que han hecho los deberes y que ya han salido de la crisis; de otro los que se han dedicado al dolce far niente y siguen sin levantar cabeza. Lo que ahora quieren los que cortan el bacalao es canonizar esta escisión, y eso sería fatal para España, porque en Bruselas se cree que confiar en Zapatero para hacer las reformas que él mismo ha anunciado es tan ingenuo como lo fue confiar en que Fernando VII acataría una Constitución liberal. Los líderes europeos siguen diciendo que rescatarán a cualquier país en dificultades, pero subrayan que una cosa es ayudar al hermano en dificultades y otra bien distinta es aceptar que los contribuyentes tengan que salir al rescate de los países que se empecinen en seguir cometiendo los mismos dislates que les llevaron al borde del precipicio. Hasta aquí llega el acuerdo entre los líderes europeo, porque en todo lo demás recuerdan a pollos sin cabeza corriendo cada uno en una dirección. La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el dúo Merkel-Sarkozy hacen propuestas más o menos solemnes pero con poca o ninguna coherencia entre sí. Cada vez es más evidente que lo que falta es liderazgo. A día de hoy no sabemos si el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir ayudando a los bancos en dificultades y va a seguir comprando deuda pública o va a cerrar el grifo, como pretenden tanto Jugen Stark –miembro del Comité Ejecutivo del BCE- como Max Weber, el candidato mejor colocado para suceder a Jena Claude Trichet, en la presidencia del banco. Un lío como no habíamos visto nunca en una institución hasta ahora tan prudente de cara al público. En el Consejo Europeo, el ruido es también considerable. El presidente Van Rompuy anunció esta misma semana que el mecanismo permanente de rescate, que sustituirá al actual dentro de dos años, incluirá un procedimiento de quita y espera para los títulos de países bajo sospecha, que no se aplicará a los países considerados solventes. Van Rompuy no se ha molestado en precisar quién tomará esa decisión ni con qué criterios. Obviamente una medida así supone partir la eurozona en dos. Como dice el analista Wolfgang Munchau, "el nuevo régimen (...) no será una mera prolongación del mecanismo transitorio (...) sino un procedimiento ordenado de ejecución de obligaciones (...) y se diseñará de tal manera que haya una máximo de razones para no utilizarlo". Por si esto fuera poco, se está abriendo ahora camino la idea de crear un mercado de eurobonos pero sólo para los países virtuosos o para aquellos que limiten su deuda en cumplimiento del Pacto de Estabilidad. La idea de unas obligaciones europeas, que cubran la parte de deuda soberana considerada segura, es buena porque la emisión conjunta supone mayor liquidez; y porque la responsabilidad solidaria ayudará a los países con dificultades a conseguir financiación. Y todo eso con la ventaja adicional de que los eurobonos darían un empujón al euro como moneda rival del dólar. Los eurobonos –bonos azules en la jerga comunitaria- gozarían de las máximas calificaciones crediticias, se pagarían antes que cualquier otra obligación (deuda senior) y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés muy competitivo. Por el contrario, la parte de la deuda soberana de cada país que no fuese cubierta por los bonos azules lo sería mediante la emisión de títulos nacionales (bonos rojos), que se pagarían después de haberse pagado los azules y, en consecuencia, su coste sería casi prohibitivo. A los españoles, los eurobonos nos irían muy bien porque nos ayudarían a conseguir dinero más barato, pero si se reservan sólo para los países virtuosos nos irían francamente mal, porque nos dificultaría aún más colocar nuestra deuda. Por eso he dicho en otra ocasión que la primera opción supondría un avance considerable en la construcción europea, mientras que la segunda supondría levantar un nuevo telón de acero, esta vez financiero, que abriría la eurozona en canal. Como último apunte quiero señalar que la eurozona necesita algo más que disciplina. Necesita un plan de choque para salir de la crisis, retomar la senda del crecimiento y crear empleo. Plan de choque que sería financiado por el Banco Europeo de Inversiones y, si fuere necesario, con los bonos para proyectos específicos de interés europeo. Zapatero se reúne la semana que viene con Merkel; una ocasión de oro para plantearle estas opciones y definir así una estrategia alternativa, solidaria que evite la fragmentación de la zona euro. Si lo hace contará con el apoyo del Parlamento Europeo y con muchos países a los que no les gusta un pelo lo que se está cociendo hasta ahora en Bruselas.
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