Estimados amigos y compañeros,
Por problemas técnicos mi blog ha cambiado de soporte. La nueva dirección es:
http://garciamargallo.wordpress.com/
Os animo a que entréis y dejéis vuestra opinión.
Muchas Gracias.
Un saludo.
José Manuel.
martes, 8 de noviembre de 2011
miércoles, 6 de julio de 2011
La Europa frígida
Los ajustes de Grecia, Irlanda y Portugal son tan duros y las previsiones económicas tan negras que quizá no podrán devolver los préstamos recibidos. Si las cosas se tuercen, la eurozona se partirá en dos.
El Consejo de Ministros de Finanzas, reunido la semana pasada en Bruselas, ha vuelto a dar la impresión de que la Unión Europea en su formato actual es incapaz de afrontar los desafíos presentes y aún menos los futuros. La canciller Merkel, que es la que tiene que tirar del carro, parece presa de una opinión pública cansada de tener que pagar por los dislates de otros; no en vano en su país se utiliza la misma palabra -schuld- tanto para decir "deuda" como para decir "culpa". Los finlandeses se han resistido todo lo que han podido al rescate de Portugal y solo han accedido a ampliar su potencia de fuego cuando han entendido que de no hacerlo, no habría dinero para rescatar a España o a cualquier otro país en dificultades. Ya veremos qué hacen cuando se discuta el Mecanismo de Estabilidad Europeo que debe arrancar en 2013.
Los partidarios de un gobierno económico más sólido no dicen nada. Sarkozy remite cada mañana a Merkel un taco de folios que acaban en la papelera antes del mediodía. Berlusconi bastante tiene con el bunga-bunga; y los países periféricos, cariñosamente conocidos como PIGS, procuran pasar inadvertidos para que nadie les señale sus vergüenzas. Así las cosas, la crisis de la deuda, si no se ataja a tiempo, puede transformarse en una crisis bancaria que acabe con la incipiente recuperación económica... una espiral diabólica.
Los ministros han aprobado el rescate de Portugal (78.000 millones de euros), a cambio de que suba considerablemente sus impuestos, recorte los sueldos de los funcionarios, las pensiones o las prestaciones por desempleo y venda buena parte de su patrimonio público. Irlanda recibirá 85.000 millones de euros, pero la mitad de esta cantidad se tendrá que destinar a ayudar a sus bancos en vez de invertir en gastos de futuro. Se rumorea que Grecia podría necesitar 50.000 millones de euros más de los que ya ha recibido, siempre que a cambio aplique un ajuste adicional durísimo (53.000 millones de euros) y un programa de privatizaciones (50.000 millones de euros) tan llamativo que el primer ministro Papandreu ha tenido que declarar que el plan no incluye la venta de "ninguna isla del Egeo ni ninguna obra del Patrimonio heleno".
Los ajustes son tan duros y las previsiones económicas tan negras que probablemente los países rescatados no podrán devolver los préstamos recibidos, porque para hacerlo tendrían que asumir unos sacrificios que sus ciudadanos no parecen dispuestos a soportar. Eso es precisamente lo que pasó en la República de Weimar, que no pudo hacer frente a las extravagantes reparaciones de guerra que se le impusieron en Versalles. Más sensato sería imitar a los redactores del Plan Marshall y dar a los países en dificultades ayudas a cambio de un plan de saneamiento y recuperación económica realista.
Los posibles escenarios que se abren a partir de ahora son dos. Si las cosas se tuercen, la eurozona se partirá en dos, bien por la huida de los países que ya han salido de la crisis, o bien por la expulsión de quienes siguen sin levantar cabeza. Para evitar esta escisión hay que cerrar filas y dar un salto en el proceso de integración europea poniendo en marcha un gobierno económico que equilibre el omnímodo poder del Banco Central Europeo en la gestión de la política monetaria y persiga al mismo tiempo la consolidación fiscal y el crecimiento económico.
Los periódicos sensacionalistas alemanes piden todos los días la salida de Alemania del euro, pero este es un escenario poco probable, porque el resucitado deutsche mark -o, en su caso, un nuevo euro duro que compartiría con Austria, Finlandia y los Países Bajos- experimentaría una revaluación fulminante que dañaría sus exportaciones a países terceros, y más aún las dirigidas a los países descolgados del euro, quienes aprovecharían la ocasión para devaluar sus monedas y aliviar así su deuda. Ni que decir tiene que eso también supondría la desaparición del mercado interior.
Consciente de esta dificultad, Sarkozy ha aprovechado la ocasión para proponer una variante más light que consistiría en la creación de un club de países ricos, en el que naturalmente entraría Francia, que emitiría bonos europeos bajo el principio de responsabilidad solidaria. Esta opción no afectaría al comercio, pero dejaría prácticamente fuera del mercado de capitales a los no llamados a la Mesa del Señor. Si Winston Churchill levantara la cabeza diría que un nuevo telón de acero, esta vez financiero, está a punto de caer sobre Europa.
La otra forma de partir la eurozona es expulsar de la eurozona a los países menos solventes para "(...) evitar que la gangrena se extienda" (Timo Soini, líder de los Verdaderos Finlandeses). Quienes vivieron de cerca la "desdolarización" de Argentina (2001), recordarán el caos que supuso reprogramar depósitos, balances de empresas y bancos, hipotecas y contratos en una moneda devaluada. Lo de aquí sería aún peor porque las economías europeas son mucho más abiertas e interconectadas de lo que nunca estuvo Argentina.
Para orillar una catástrofe semejante, se ha planteado una opción un poco más digerible que pasaría por una reestructuración de la deuda, que podría ser dura, con quitas, o blanda, con ampliación de plazos y recorte de intereses. Todo ello con el consiguiente perjuicio para el Banco Central Europeo y para los bancos franceses y alemanes, que son los que tienen más bonos griegos, irlandeses y portugueses. Los contribuyentes alemanes no quieren poner dinero para ayudar a los países periféricos, pero si no lo hacen acabarán teniendo que ponerlo para rescatar a sus bancos. Como decía La Codorniz, una revista humorística del franquismo: "Cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde".
Cualquiera de los escenarios anteriores supone, como he dicho antes, la escisión en dos de la eurozona: de un lado, los países que ya han salido de la crisis; de otro, los que siguen sin levantar cabeza. La Europa solidaria de los padres fundadores sería sustituida por una Europa frígida como aquella Venus Frígida de Rubens que se puede ver en el Museo Real de Amberes. Una Venus retraída, en cuclillas, dando la espalda al espectador y protegiendo su cuerpo y el de Cupido del frío con un velo casi transparente. Detrás de ella, el sátiro, que representa la abundancia con una cornucopia llena de frutas, se ríe. Es la alegoría del dicho popular, "sin comida ni bebida, el amor se enfría".
La alternativa a tan dramático escenario no es otra que darle la vuelta a este dicho. Más disciplina presupuestaria, menos desequilibrios económicos y más competitividad para evitar los dislates que nos han traído hasta aquí. Pero también más crecimiento y más solidaridad. Las recetas son conocidas: corregir los desequilibrios dentro de la eurozona, recuperar la solvencia de los bancos, flexibilizar la política monetaria para compensar la dureza de la política presupuestaria, emitir eurobonos para aligerar la carga de la deuda y, sobre todo, inventar recursos financieros novedosos para crecer y crear empleo. Si para eso, necesitamos reformar los tratados habrá que hacerlo cuanto antes; lo contrario es alentar a unos indignados -que no saben bien lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren-, y certificar la defunción del proyecto más ambicioso que Europa ha acometido nunca.
Artículo publicado en El País el 21/05/2011-José Manuel García-Margallo y Marfil
El Consejo de Ministros de Finanzas, reunido la semana pasada en Bruselas, ha vuelto a dar la impresión de que la Unión Europea en su formato actual es incapaz de afrontar los desafíos presentes y aún menos los futuros. La canciller Merkel, que es la que tiene que tirar del carro, parece presa de una opinión pública cansada de tener que pagar por los dislates de otros; no en vano en su país se utiliza la misma palabra -schuld- tanto para decir "deuda" como para decir "culpa". Los finlandeses se han resistido todo lo que han podido al rescate de Portugal y solo han accedido a ampliar su potencia de fuego cuando han entendido que de no hacerlo, no habría dinero para rescatar a España o a cualquier otro país en dificultades. Ya veremos qué hacen cuando se discuta el Mecanismo de Estabilidad Europeo que debe arrancar en 2013.
Los partidarios de un gobierno económico más sólido no dicen nada. Sarkozy remite cada mañana a Merkel un taco de folios que acaban en la papelera antes del mediodía. Berlusconi bastante tiene con el bunga-bunga; y los países periféricos, cariñosamente conocidos como PIGS, procuran pasar inadvertidos para que nadie les señale sus vergüenzas. Así las cosas, la crisis de la deuda, si no se ataja a tiempo, puede transformarse en una crisis bancaria que acabe con la incipiente recuperación económica... una espiral diabólica.
Los ministros han aprobado el rescate de Portugal (78.000 millones de euros), a cambio de que suba considerablemente sus impuestos, recorte los sueldos de los funcionarios, las pensiones o las prestaciones por desempleo y venda buena parte de su patrimonio público. Irlanda recibirá 85.000 millones de euros, pero la mitad de esta cantidad se tendrá que destinar a ayudar a sus bancos en vez de invertir en gastos de futuro. Se rumorea que Grecia podría necesitar 50.000 millones de euros más de los que ya ha recibido, siempre que a cambio aplique un ajuste adicional durísimo (53.000 millones de euros) y un programa de privatizaciones (50.000 millones de euros) tan llamativo que el primer ministro Papandreu ha tenido que declarar que el plan no incluye la venta de "ninguna isla del Egeo ni ninguna obra del Patrimonio heleno".
Los ajustes son tan duros y las previsiones económicas tan negras que probablemente los países rescatados no podrán devolver los préstamos recibidos, porque para hacerlo tendrían que asumir unos sacrificios que sus ciudadanos no parecen dispuestos a soportar. Eso es precisamente lo que pasó en la República de Weimar, que no pudo hacer frente a las extravagantes reparaciones de guerra que se le impusieron en Versalles. Más sensato sería imitar a los redactores del Plan Marshall y dar a los países en dificultades ayudas a cambio de un plan de saneamiento y recuperación económica realista.
Los posibles escenarios que se abren a partir de ahora son dos. Si las cosas se tuercen, la eurozona se partirá en dos, bien por la huida de los países que ya han salido de la crisis, o bien por la expulsión de quienes siguen sin levantar cabeza. Para evitar esta escisión hay que cerrar filas y dar un salto en el proceso de integración europea poniendo en marcha un gobierno económico que equilibre el omnímodo poder del Banco Central Europeo en la gestión de la política monetaria y persiga al mismo tiempo la consolidación fiscal y el crecimiento económico.
Los periódicos sensacionalistas alemanes piden todos los días la salida de Alemania del euro, pero este es un escenario poco probable, porque el resucitado deutsche mark -o, en su caso, un nuevo euro duro que compartiría con Austria, Finlandia y los Países Bajos- experimentaría una revaluación fulminante que dañaría sus exportaciones a países terceros, y más aún las dirigidas a los países descolgados del euro, quienes aprovecharían la ocasión para devaluar sus monedas y aliviar así su deuda. Ni que decir tiene que eso también supondría la desaparición del mercado interior.
Consciente de esta dificultad, Sarkozy ha aprovechado la ocasión para proponer una variante más light que consistiría en la creación de un club de países ricos, en el que naturalmente entraría Francia, que emitiría bonos europeos bajo el principio de responsabilidad solidaria. Esta opción no afectaría al comercio, pero dejaría prácticamente fuera del mercado de capitales a los no llamados a la Mesa del Señor. Si Winston Churchill levantara la cabeza diría que un nuevo telón de acero, esta vez financiero, está a punto de caer sobre Europa.
La otra forma de partir la eurozona es expulsar de la eurozona a los países menos solventes para "(...) evitar que la gangrena se extienda" (Timo Soini, líder de los Verdaderos Finlandeses). Quienes vivieron de cerca la "desdolarización" de Argentina (2001), recordarán el caos que supuso reprogramar depósitos, balances de empresas y bancos, hipotecas y contratos en una moneda devaluada. Lo de aquí sería aún peor porque las economías europeas son mucho más abiertas e interconectadas de lo que nunca estuvo Argentina.
Para orillar una catástrofe semejante, se ha planteado una opción un poco más digerible que pasaría por una reestructuración de la deuda, que podría ser dura, con quitas, o blanda, con ampliación de plazos y recorte de intereses. Todo ello con el consiguiente perjuicio para el Banco Central Europeo y para los bancos franceses y alemanes, que son los que tienen más bonos griegos, irlandeses y portugueses. Los contribuyentes alemanes no quieren poner dinero para ayudar a los países periféricos, pero si no lo hacen acabarán teniendo que ponerlo para rescatar a sus bancos. Como decía La Codorniz, una revista humorística del franquismo: "Cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde".
Cualquiera de los escenarios anteriores supone, como he dicho antes, la escisión en dos de la eurozona: de un lado, los países que ya han salido de la crisis; de otro, los que siguen sin levantar cabeza. La Europa solidaria de los padres fundadores sería sustituida por una Europa frígida como aquella Venus Frígida de Rubens que se puede ver en el Museo Real de Amberes. Una Venus retraída, en cuclillas, dando la espalda al espectador y protegiendo su cuerpo y el de Cupido del frío con un velo casi transparente. Detrás de ella, el sátiro, que representa la abundancia con una cornucopia llena de frutas, se ríe. Es la alegoría del dicho popular, "sin comida ni bebida, el amor se enfría".
La alternativa a tan dramático escenario no es otra que darle la vuelta a este dicho. Más disciplina presupuestaria, menos desequilibrios económicos y más competitividad para evitar los dislates que nos han traído hasta aquí. Pero también más crecimiento y más solidaridad. Las recetas son conocidas: corregir los desequilibrios dentro de la eurozona, recuperar la solvencia de los bancos, flexibilizar la política monetaria para compensar la dureza de la política presupuestaria, emitir eurobonos para aligerar la carga de la deuda y, sobre todo, inventar recursos financieros novedosos para crecer y crear empleo. Si para eso, necesitamos reformar los tratados habrá que hacerlo cuanto antes; lo contrario es alentar a unos indignados -que no saben bien lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren-, y certificar la defunción del proyecto más ambicioso que Europa ha acometido nunca.
Artículo publicado en El País el 21/05/2011-José Manuel García-Margallo y Marfil
lunes, 30 de mayo de 2011
Clampdown on derivatives trading
Committee : Economic and Monetary AffairsNew EU legislation designed to regulate the trade in derivatives - widely believed to have contributed to the global financial crisis - moved a step closer on Tuesday with a vote by Parliament's Economic Affairs Committee.
The draft regulation - on over-the-counter derivatives (OTCs), central clearing parties (CCPs) and trade repositories - aims to bring greater safety, transparency and stability to the OTC derivatives market, which was valued at around €425 trillion in 2009. Information on OTC derivative contracts would have to be reported to 'trade repositories' and be accessible to supervisory authorities. OTC derivative contracts would need to be cleared through central counterparties (CCPs), thus reducing counterparty credit risk, i.e. the risk that one party to the contract defaults. A key supervisory role is envisaged for the new European Securities and Markets Authority (ESMA).
The Commission's draft was approved with amendments by the Economic Affairs Committee and will now go to the full Parliament for a vote in July. The result of today's committee vote was 36 in favour, 1 against and 2 abstentions.
Supervision
The committee envisages a central role for ESMA. The new European supervisor will work closely with national supervisory authorities, have an important stake in authorising new CCPs to the market and should be allowed to carry out on-site inspections.
Narrow scope, few exemptions
MEPs rejected suggestions by some EU Member States that all derivatives should be governed by this regulation. Instead they want the rules to apply only to OTC derivatives, as the Commission proposes and was agreed by the G20 group. However, to ensure ESMA has the full picture, they want reporting obligations to apply to all derivatives.
The committee's report, drafted by Werner Langen (EPP, DE), is strict regarding exemptions to the clearing obligation. However, for pension funds there will be a special regime, provided that the national capital requirements provide a guarantee similar to cleared contracts.
Interoperability option
Co-operation arrangements between clearing houses, known as "interoperability", whereby traders would be allowed to choose where their trades are cleared, are limited to cash securities. A CCP has to have functioned in line with the standards for at least three years before it can apply for authorisation for interoperability.
Considering retroactivity
The Economic Affairs Committee accepts that applying clearing obligations retroactively, to existing contracts, would result in legal difficulties and create major problems for counterparties. Therefore, clearing will only be mandatory from the moment the regulation enters into force. It does, however, provide for this possibility with regard to reporting obligations and asks ESMA to assess how reporting retroactivity could be introduced if the information in question were essential to the supervisory authorities.
The draft regulation - on over-the-counter derivatives (OTCs), central clearing parties (CCPs) and trade repositories - aims to bring greater safety, transparency and stability to the OTC derivatives market, which was valued at around €425 trillion in 2009. Information on OTC derivative contracts would have to be reported to 'trade repositories' and be accessible to supervisory authorities. OTC derivative contracts would need to be cleared through central counterparties (CCPs), thus reducing counterparty credit risk, i.e. the risk that one party to the contract defaults. A key supervisory role is envisaged for the new European Securities and Markets Authority (ESMA).
The Commission's draft was approved with amendments by the Economic Affairs Committee and will now go to the full Parliament for a vote in July. The result of today's committee vote was 36 in favour, 1 against and 2 abstentions.
Supervision
The committee envisages a central role for ESMA. The new European supervisor will work closely with national supervisory authorities, have an important stake in authorising new CCPs to the market and should be allowed to carry out on-site inspections.
Narrow scope, few exemptions
MEPs rejected suggestions by some EU Member States that all derivatives should be governed by this regulation. Instead they want the rules to apply only to OTC derivatives, as the Commission proposes and was agreed by the G20 group. However, to ensure ESMA has the full picture, they want reporting obligations to apply to all derivatives.
The committee's report, drafted by Werner Langen (EPP, DE), is strict regarding exemptions to the clearing obligation. However, for pension funds there will be a special regime, provided that the national capital requirements provide a guarantee similar to cleared contracts.
Interoperability option
Co-operation arrangements between clearing houses, known as "interoperability", whereby traders would be allowed to choose where their trades are cleared, are limited to cash securities. A CCP has to have functioned in line with the standards for at least three years before it can apply for authorisation for interoperability.
Considering retroactivity
The Economic Affairs Committee accepts that applying clearing obligations retroactively, to existing contracts, would result in legal difficulties and create major problems for counterparties. Therefore, clearing will only be mandatory from the moment the regulation enters into force. It does, however, provide for this possibility with regard to reporting obligations and asks ESMA to assess how reporting retroactivity could be introduced if the information in question were essential to the supervisory authorities.
lunes, 11 de abril de 2011
Colombia-EU FTA get Spanish Support
President Juan Manuel Santos achieved the support of Spanish politicians on Monday for the pending free trade agreement between Colombia and the European Union.
On a visit to the Spanish capital Madrid, Santos met with King Juan Carlos I and several Spanish members of the European parliament (MEPs) who expressed their view that there are no substantial blocks to the FTA being ratified, El Espectador reports.
"Our impression is that Latin America and Colombia do not need handouts from the EU but opportunities. Today, that opportunity is given by the FTA between Colombia, Peru and the EU. We are going to work for it. That is our commitment, that the agreement be ratified," said Jose Ignacio Salafranca, president of the Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly.
Chairman of the Delegation for Relations with the Countries of the Andean Community, Jose Maria Garcia Margallo added, "Colombia is a country where security and legal stability are most advanced in Latin America. This has allowed the recent good news that (Colombia) has been given an excellent rating on investment."
Colombia's Trade Minister Sergio Diazgranados, is due in Brussels on Wednesday to design the road map for ratification of the FTA with the EU Commissioner. If everything goes as planned, Colombia hopes that the agreement will be ratified by mid-2012, Caracol Radio reported Monday.
Negotiators from both Colombia and the EU signed the final texts of the FTA on March 25, however, a final process of translation and official approval of the agreement must take place before it can come into force.
According to Diazgranados, the EU is currently Colombia's second biggest trading partner and if the FTA were to be ratified, Colombia's exports could grow by another 30% to the bloc through the allowance of nearly 99% of Colombian exporters to enter European markets with zero tariffs.
On a visit to the Spanish capital Madrid, Santos met with King Juan Carlos I and several Spanish members of the European parliament (MEPs) who expressed their view that there are no substantial blocks to the FTA being ratified, El Espectador reports.
"Our impression is that Latin America and Colombia do not need handouts from the EU but opportunities. Today, that opportunity is given by the FTA between Colombia, Peru and the EU. We are going to work for it. That is our commitment, that the agreement be ratified," said Jose Ignacio Salafranca, president of the Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly.
Chairman of the Delegation for Relations with the Countries of the Andean Community, Jose Maria Garcia Margallo added, "Colombia is a country where security and legal stability are most advanced in Latin America. This has allowed the recent good news that (Colombia) has been given an excellent rating on investment."
Colombia's Trade Minister Sergio Diazgranados, is due in Brussels on Wednesday to design the road map for ratification of the FTA with the EU Commissioner. If everything goes as planned, Colombia hopes that the agreement will be ratified by mid-2012, Caracol Radio reported Monday.
Negotiators from both Colombia and the EU signed the final texts of the FTA on March 25, however, a final process of translation and official approval of the agreement must take place before it can come into force.
According to Diazgranados, the EU is currently Colombia's second biggest trading partner and if the FTA were to be ratified, Colombia's exports could grow by another 30% to the bloc through the allowance of nearly 99% of Colombian exporters to enter European markets with zero tariffs.
José Manuel Gª-Margallo y Marfil: Los eurobonos, un regalo de Navidad
La respuesta europea a la crisis está siendo errática, confusa y poco consistente. Cada uno dice lo que se le ocurre y cambia de opinión al día siguiente sin dar ninguna explicación.
El Banco Central Europeo, que antaño era un sanedrín más hermético que los concilios vaticanos, es ahora, desde que estalló la crisis, una jaula de grillos.
Basta que Jean-Claude Trichet se muestre partidario de mantener, durante un cierto tiempo, la barra libre para los bancos con dificultades, o que anuncie su disposición a seguir comprando deuda soberana para mantener la estabilidad de los mercados, para que Jürgen Stark, un alemán que forma parte del comité ejecutivo del Banco, o Axel Weber, el presidente del Bundesbank, digan exactamente lo contrario.
Basta que Barroso diga que quiere que el mecanismo permanente de resolución de crisis tenga carácter europeo, para que el Consejo se apresure a dejar claro que ni la Comisión ni el Parlamento tendrán nada que decir. Vamos, que el mecanismo de Barroso de europeo lo único tendrá es la sede, que al parecer estará en Luxemburgo y no en las IslasCaimán
El último motivo de discordia son los eurobonos: obligaciones emitidas conjuntamente por los países del euro para financiar entre todos una parte razonable de la deuda pública de cada país sin poner en peligro las finanzas nacionales ni las europeas.
Estos títulos, conocidos en la jerga comunitaria como bonos azules, gozarían de las máximas calificaciones crediticias, la famosa triple A que la deuda española ha perdido. Los bonos azules se pagarían antes que cualquier otra obligación (deuda senior) y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés muy competitivo. Por el contrario, la parte de la deuda soberana de cada país que no fuese cubierta por los bonos azules lo sería mediante la emisión de títulos nacionales por cada uno de los países de la zona euro (bonos rojos), que se pagarían después de haberse pagado los azules y, en consecuencia, su coste sería casi prohibitivo. Más o menos lo que pasa con las hipotecas en Estados Unidos: préstamos a tipo normal para los clientes solventes (prime), y a tipos disparatados para los menos solventes (subprime).
La idea fue lanzada por Jean Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, y por GiulioTremonti, el ministro de Hacienda italiano. Merkel reaccionó como una pantera.
Por su parte, la OCDE, Frank-Walter Steinmeier, el ex ministro de Asuntos Exteriores y actual líder de la socialdemocracia alemana, y Peer Steinbrück, ex ministro de Hacienda alemán, han terciado en el debate a favor de los eurobonos. Lo mismo ha hecho el multimillonario George Soros, que no sé si será de izquierdas, pero que desde luego no tiene problemas para llegar a fin de mes.
Mientras tanto, el último Consejo Europeo ha dicho que nones y el Parlamento ha decidido seguir adelante con la copla, lo que augura que el debate no está ni mucho menos muerto, aunque los eurodiputados del partido de Merkel están dispuestos a hacer lo posible y lo imposible para abortarlo.
Y es que los contribuyentes alemanes se desayunan cada mañana con periódicos sensacionalistas que les asustan diciendo que los eurobonos les van a obligar a pagar por las extravagancias de los países periféricos -Grecia, Irlanda, Portugal y España- en los que la gente trabaja menos, goza de prestaciones sociales más generosas y se jubila antes que ellos.
Los eurodiputados alemanes no se creen estas historias simplistas, pero sí temen que el coste de los eurobonos sea más alto que el que habría que pagar por el bono alemán.
Es posible que a corto plazo tengan razón, porque el interés a pagar por un bono español a diez años está en el 5,53 por ciento y el del griego en el 11,59 por ciento, mientras que el del alemán no pasa del 3,04 por ciento.
Motivos infundados
Pero hay varias razones por las que creo que, a largo plazo, los temores de los eurodiputados alemanes no están fundados.
En primer lugar, porque antes incluso de que nos pongamos de acuerdo sobre los eurobonos se habrá aprobado una reforma del Pacto de Estabilidad que permitirá controlar mucho mejor que ahora las extravagancias presupuestarias de los países del euro.
Además, estamos discutiendo disposiciones muy concretas para forzar a los países del euro a abordar las reformas necesarias para mejorar su competitividad.
Es obvio que cuando un país está embarcado en un proceso de modernización de su economía lo que procede es transfundirle sangre y no chupársela como los vampiros medievales.
Los eurobonos permiten conseguir simultáneamente los dos objetivos en que se resume la ortodoxia económica: una financiación razonable para los países con bajos niveles de deuda y una carísima para los que se salten las reglas.
Un auténtico huevo de Colón especialmente atractivo para los que creemos que ésta es una buena ocasión para avanzar en el proceso de la construcción europea.
Tesoro común
La emisión de los eurobonos, su colocación entre los inversores de dentro y de fuera de la Unión y la adjudicación de los recursos obtenidos entre los países del euro obligarían a crear una especie de Departamento del Tesoro que supondría un paso más en el diseño de una arquitectura europea más integrada.
Además, los eurobonos darán un empujoncito más al euro como moneda internacional porque serán el detonante necesario para la creaciónde un mercado de obligaciones europeo que, según los cálculos más conservadores, sería cinco veces el alemán y casi tan grande como el americano.
Los viejos textos de Economía dicen que la gracia de una moneda depende de la importancia de quién la emite, de su papel en el mundo, de su estabilidad, y esto es lo que me importa, de la existencia de mercados financieros bien desarrollados.
Como español, el sistema me resulta aún más atractivo y no acierto a comprender las reticencias de algunos compatriotas. Los eurobonos son buenos para la Unión y para casi todos los países del euro, pero lo son especialmente para nosotros.
Los expertos que trabajan para la organización Bruegel, una task force marcadamente europeísta, consideran que los países más pequeños y con un mercado de bonos soberanos menos líquido (Austria y Luxemburgo) serían más beneficiados que los más grandes (Francia o Alemania), aunque éstos también estarían mejor que ahora.
Consideran también que los países en los que la relación deuda pública/PIB es más alta tendrán que esforzarse más que otros (Finlandia o Países Bajos) para abaratar el costo de sus bonos rojos y ganarse la confianza de los mercados.
Estiman, finalmente, que aquellos estados que están cerca de un rescate serán los que más beneficios saquen de los bonos azules.
Y España es un país intermedio con un mercado de bonos mediano, con una relación de deuda pública relativamente buena y candidato al rescate en casi todos los periódicos económicos.
Para nosotros, por lo tanto, los eurobonos pueden ser un buen regalo de Reyes, y aunque el Gobierno de Zapatero no merece otra cosa que carbón, es obvio que el resto de los españoles no nos merecemos quedarnos sin regalo.
Post Scriptum. El Gobierno español ha ido al Consejo Europeo con tres pretensiones que comparto: la ampliación del actual Fondo de Rescate; su flexibilización para poder atender a países que están en dificultades pero todavía tienen la cabeza por encima del agua, y los eurobonos.
No las plantearon en el Consejo de Ministros de Economía para que no se interpretase que necesitamos un rescate. El presidente del Gobierno las expuso cuando ya no había tiempo de explicarlas ni de ganar aliados.
Ésa es, exactamente, la forma de no conseguir nada en Europa y me preocupa enormemente que sigamos actuando de la misma manera, porque ahora nos toca debatir las perspectivas financieras para los próximos años y si lo hacemos mal, lo pagaremos todos los españoles, especialmente los agricultores y las regiones menos desarrolladas.
El Banco Central Europeo, que antaño era un sanedrín más hermético que los concilios vaticanos, es ahora, desde que estalló la crisis, una jaula de grillos.
Basta que Jean-Claude Trichet se muestre partidario de mantener, durante un cierto tiempo, la barra libre para los bancos con dificultades, o que anuncie su disposición a seguir comprando deuda soberana para mantener la estabilidad de los mercados, para que Jürgen Stark, un alemán que forma parte del comité ejecutivo del Banco, o Axel Weber, el presidente del Bundesbank, digan exactamente lo contrario.
Basta que Barroso diga que quiere que el mecanismo permanente de resolución de crisis tenga carácter europeo, para que el Consejo se apresure a dejar claro que ni la Comisión ni el Parlamento tendrán nada que decir. Vamos, que el mecanismo de Barroso de europeo lo único tendrá es la sede, que al parecer estará en Luxemburgo y no en las IslasCaimán
El último motivo de discordia son los eurobonos: obligaciones emitidas conjuntamente por los países del euro para financiar entre todos una parte razonable de la deuda pública de cada país sin poner en peligro las finanzas nacionales ni las europeas.
Estos títulos, conocidos en la jerga comunitaria como bonos azules, gozarían de las máximas calificaciones crediticias, la famosa triple A que la deuda española ha perdido. Los bonos azules se pagarían antes que cualquier otra obligación (deuda senior) y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés muy competitivo. Por el contrario, la parte de la deuda soberana de cada país que no fuese cubierta por los bonos azules lo sería mediante la emisión de títulos nacionales por cada uno de los países de la zona euro (bonos rojos), que se pagarían después de haberse pagado los azules y, en consecuencia, su coste sería casi prohibitivo. Más o menos lo que pasa con las hipotecas en Estados Unidos: préstamos a tipo normal para los clientes solventes (prime), y a tipos disparatados para los menos solventes (subprime).
La idea fue lanzada por Jean Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, y por GiulioTremonti, el ministro de Hacienda italiano. Merkel reaccionó como una pantera.
Por su parte, la OCDE, Frank-Walter Steinmeier, el ex ministro de Asuntos Exteriores y actual líder de la socialdemocracia alemana, y Peer Steinbrück, ex ministro de Hacienda alemán, han terciado en el debate a favor de los eurobonos. Lo mismo ha hecho el multimillonario George Soros, que no sé si será de izquierdas, pero que desde luego no tiene problemas para llegar a fin de mes.
Mientras tanto, el último Consejo Europeo ha dicho que nones y el Parlamento ha decidido seguir adelante con la copla, lo que augura que el debate no está ni mucho menos muerto, aunque los eurodiputados del partido de Merkel están dispuestos a hacer lo posible y lo imposible para abortarlo.
Y es que los contribuyentes alemanes se desayunan cada mañana con periódicos sensacionalistas que les asustan diciendo que los eurobonos les van a obligar a pagar por las extravagancias de los países periféricos -Grecia, Irlanda, Portugal y España- en los que la gente trabaja menos, goza de prestaciones sociales más generosas y se jubila antes que ellos.
Los eurodiputados alemanes no se creen estas historias simplistas, pero sí temen que el coste de los eurobonos sea más alto que el que habría que pagar por el bono alemán.
Es posible que a corto plazo tengan razón, porque el interés a pagar por un bono español a diez años está en el 5,53 por ciento y el del griego en el 11,59 por ciento, mientras que el del alemán no pasa del 3,04 por ciento.
Motivos infundados
Pero hay varias razones por las que creo que, a largo plazo, los temores de los eurodiputados alemanes no están fundados.
En primer lugar, porque antes incluso de que nos pongamos de acuerdo sobre los eurobonos se habrá aprobado una reforma del Pacto de Estabilidad que permitirá controlar mucho mejor que ahora las extravagancias presupuestarias de los países del euro.
Además, estamos discutiendo disposiciones muy concretas para forzar a los países del euro a abordar las reformas necesarias para mejorar su competitividad.
Es obvio que cuando un país está embarcado en un proceso de modernización de su economía lo que procede es transfundirle sangre y no chupársela como los vampiros medievales.
Los eurobonos permiten conseguir simultáneamente los dos objetivos en que se resume la ortodoxia económica: una financiación razonable para los países con bajos niveles de deuda y una carísima para los que se salten las reglas.
Un auténtico huevo de Colón especialmente atractivo para los que creemos que ésta es una buena ocasión para avanzar en el proceso de la construcción europea.
Tesoro común
La emisión de los eurobonos, su colocación entre los inversores de dentro y de fuera de la Unión y la adjudicación de los recursos obtenidos entre los países del euro obligarían a crear una especie de Departamento del Tesoro que supondría un paso más en el diseño de una arquitectura europea más integrada.
Además, los eurobonos darán un empujoncito más al euro como moneda internacional porque serán el detonante necesario para la creaciónde un mercado de obligaciones europeo que, según los cálculos más conservadores, sería cinco veces el alemán y casi tan grande como el americano.
Los viejos textos de Economía dicen que la gracia de una moneda depende de la importancia de quién la emite, de su papel en el mundo, de su estabilidad, y esto es lo que me importa, de la existencia de mercados financieros bien desarrollados.
Como español, el sistema me resulta aún más atractivo y no acierto a comprender las reticencias de algunos compatriotas. Los eurobonos son buenos para la Unión y para casi todos los países del euro, pero lo son especialmente para nosotros.
Los expertos que trabajan para la organización Bruegel, una task force marcadamente europeísta, consideran que los países más pequeños y con un mercado de bonos soberanos menos líquido (Austria y Luxemburgo) serían más beneficiados que los más grandes (Francia o Alemania), aunque éstos también estarían mejor que ahora.
Consideran también que los países en los que la relación deuda pública/PIB es más alta tendrán que esforzarse más que otros (Finlandia o Países Bajos) para abaratar el costo de sus bonos rojos y ganarse la confianza de los mercados.
Estiman, finalmente, que aquellos estados que están cerca de un rescate serán los que más beneficios saquen de los bonos azules.
Y España es un país intermedio con un mercado de bonos mediano, con una relación de deuda pública relativamente buena y candidato al rescate en casi todos los periódicos económicos.
Para nosotros, por lo tanto, los eurobonos pueden ser un buen regalo de Reyes, y aunque el Gobierno de Zapatero no merece otra cosa que carbón, es obvio que el resto de los españoles no nos merecemos quedarnos sin regalo.
Post Scriptum. El Gobierno español ha ido al Consejo Europeo con tres pretensiones que comparto: la ampliación del actual Fondo de Rescate; su flexibilización para poder atender a países que están en dificultades pero todavía tienen la cabeza por encima del agua, y los eurobonos.
No las plantearon en el Consejo de Ministros de Economía para que no se interpretase que necesitamos un rescate. El presidente del Gobierno las expuso cuando ya no había tiempo de explicarlas ni de ganar aliados.
Ésa es, exactamente, la forma de no conseguir nada en Europa y me preocupa enormemente que sigamos actuando de la misma manera, porque ahora nos toca debatir las perspectivas financieras para los próximos años y si lo hacemos mal, lo pagaremos todos los españoles, especialmente los agricultores y las regiones menos desarrolladas.
La segunda oportunidad del euro
Llegó la hora de coordinar las políticas económicas en la Unión. A ver quién gana: los que quieren más control presupuestario y más Europa o los que prefieren que los Gobiernos manejen como deseen sus cuentas públicas
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO 29/10/2010
Es sabido que las crisis pueden convertirse en excelentes oportunidades de cambiar y mejorar las cosas. Y eso es exactamente lo que puede pasar con la gobernanza económica, un paso de gigante en la construcción europea. En este proceso ha habido varios intentos de coordinar las políticas económicas nacionales, pero todas han descarrilado. El Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Estrategia de Lisboa han sido los intentos más recientes. Las causas que provocan el descarrilamiento son siempre las mismas: en la medida en que el Consejo de Ministros es el órgano encargado de decidir quién y cuándo ha incumplido con sus compromisos económicos, así como la pena que se le debe imponer, el proceso nace viciado. Ya se sabe que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Para entender lo que está pasando conviene recordar que la gobernanza ha sido un mantra del que todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo sin que nadie se atreviese a ponerle el cascabel al gato. Pero las cosas han cambiado, porque los contribuyentes no están dispuestos a volver a pagar las extravagancias de Wall Street o de la City. La crisis ha evidenciado que la economía europea era menos flexible que la americana o la de los países emergentes, entre otras cosas porque ha fallado la Estrategia de Lisboa, que no establecía incentivos para los países cumplidores o sanciones para los más perezosos. Y se ha evidenciado que tampoco ha funcionado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, concebido para garantizar que la prodigalidad de los Gobiernos no arruinase los esfuerzos del Banco Central para mantener la estabilidad de precios, el dogma sobre el que se asienta la construcción europea.
La crisis obligó a todos los países de la Unión a poner en marcha unas ayudas públicas astronómicas (más de cuatro veces el PIB español) para evitar que el desastre financiero se convirtiese en recesión como ocurrió en 1929. Entre el 2008 y el 2010, el déficit público de la UE pasó del 2,3% al 7,5% del PIB; la deuda pública del 61,6% del PIB al 80%. La crisis demostró también que no teníamos botes de salvamento cuando el tsunami financiero llegó a nuestras costas. Los ministros de Finanzas tuvieron que arbitrar deprisa y corriendo un mecanismo ad hoc (750 millardos de euros) para ayudar a los países de la zona euro con dificultades serias para refinanciar su deuda en los mercados internacionales, especialmente a Grecia. Todo para salvar al euro. Así las cosas, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas bastante ambicioso. El Consejo de Ministros se descolgó con un acuerdo mucho menos ambicioso. El Consejo Europeo, por su parte, hizo un documento bastante vago y el Parlamento todavía no ha dado su opinión, que es importante porque sin la aprobación de la Eurocámara no hay acuerdo que valga.
Con este telón de fondo, se entiende bien que el Parlamento Europeo no quiera que el debate sobre la gobernanza económica se salde una vez más con un mero cambio cosmético, siguiendo la vieja tradición de El Gatopardo. La Comisión ha puesto encima de la mesa un paquete que incluye cuatro piezas fundamentales: el "semestre europeo"; la reforma del Pacto de Estabilidad; el establecimiento de un sistema de control de los desequilibrios macroeconómicos y la puesta en marcha de un marco de gestión de crisis para los países miembros del euro.
Se conoce como "semestre europeo", la primera pieza del puzle, al periodo de seis meses durante el que se discutirán las políticas presupuestarias de cada uno de los países miembros antes de que sean sometidas a sus respectivos Parlamentos. El Consejo Europeo definirá, en marzo de cada año, los retos económicos de la Unión y aprobará las orientaciones estratégicas necesarias para afrontarlos. Teniendo en cuenta estas orientaciones, los Estados miembros llevarán a Europa, en abril, sus programas de estabilidad y convergencia; en ellos plasmarán sus estrategias presupuestarias a medio plazo y también los programas nacionales de reformas en el que tendrán que hacer constar las políticas que piensan adoptar en ámbitos como el empleo o la inclusión social. Para que esta coordinación temprana funcione, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos internos que incluyan a todas las Administraciones y que respondan escrupulosamente a las orientaciones europeas.
La segunda pieza del puzle es la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que apunta en tres direcciones: reforzar su dimensión preventiva -especialmente en época de vacas gordas-, asegurar su mejor cumplimiento y, sobre todo, dar más protagonismo que hasta ahora a la deuda pública. Antes de la crisis, se creyó que bastaba con mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB para que la deuda pública se situase mecánicamente por debajo del 60%. Como esta convergencia automática no ha funcionado, Durão Barroso, presidente de la Comisión, propone ahora lanzar el procedimiento de déficit excesivo contra aquellos países cuya deuda sea superior al 60% del PIB aunque su déficit público esté por debajo del 3%, siempre y cuando no sean capaces de reducirla a la velocidad de crucero establecida en Bruselas.
La tercera pieza de este puzle afecta al control macroeconómico. La crisis ha demostrado también que las finanzas públicas no pueden ser contempladas como una especie de burbuja en el vacío; deben ser analizadas en el marco de la política económica general. Lo que se pretende es detectar los desequilibrios macroeconómicos de cada Estado miembro -incluidos los retrasos en materia de competitividad- antes de que dinamiten las cuentas públicas, tal y como ha ocurrido en Grecia. Cuando se detecte uno de ellos (alarma amarilla), se encargará un análisis a un grupo de expertos independientes, una especie de test de resistencia. Si se confirma que el riesgo existe, la Comisión formulará recomendaciones específicas al país en cuestión. Cuando el país en cuestión no cumpla estas recomendaciones, la Comisión lo pondrá en "posición de desequilibrio excesivo" y lo someterá a un control reforzado que puede conducir a la adopción de las sanciones. Los planes de reforma nacionales serán también revisados por las instituciones europeas para garantizar que son coherentes con la nueva estrategia de crecimiento que llamamos Europa 2020.
La cuarta y última pieza es el establecimiento de un marco de gestión de crisis para los países de la zona euro. Se pretende así evitar madrugadas de infarto como la que se vivió en el caso griego. La Comisión quiere establecer procedimientos claros y creíbles que regulen las ayudas a las que puedan tener acceso los países que se encuentran en una situación económica grave.
Quedan por resolver las cuestiones más espinosas de las propuestas de la Comisión. Por ejemplo, qué sanciones aplicar; hay quienes quieren suspender los derechos de voto de los pecadores; otros prefieren cerrarles el grifo de las ayudas comunitarias o imponerles multas. Otro asunto espinoso será determinar quién toma la decisión; unos quieren que sea la Comisión o el Banco Central; otros abogan porque las sanciones sean aplicadas de forma automática; y también hay quienes defienden actuar caso por caso. También será peliagudo definir en qué momento actuar; cuestión clave porque de nada sirve establecer sanciones cuando el país en cuestión se ha endeudado hasta las cejas o haya dejado su economía hecha unos zorros. Habrá que decidir también qué pasa con los países que no forman parte del euro, porque no tiene demasiado sentido que algunas de las sanciones previstas solo puedan aplicarse a los países de la zona euro.
Estas son a muy grandes rasgos las propuestas sobre "gobernanza económica" de la que tanto se va a hablar en los próximos meses. Aunque no todos coincidamos con las propuestas de la Comisión, sabemos que hay que retomar un debate que los Gobiernos aparcaron en el momento del nacimiento del euro y que resulta inaplazable después de una crisis que nos ha dejado tiesos: cuando se forma parte de un club, se tienen derechos, pero también obligaciones. Lo que hay que ver es si ganamos los que queremos más control presupuestario y más Europa o los que prefieren seguir dejando que los Gobiernos hagan mangas y capirotes con sus cuentas públicas.
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO 29/10/2010
Es sabido que las crisis pueden convertirse en excelentes oportunidades de cambiar y mejorar las cosas. Y eso es exactamente lo que puede pasar con la gobernanza económica, un paso de gigante en la construcción europea. En este proceso ha habido varios intentos de coordinar las políticas económicas nacionales, pero todas han descarrilado. El Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Estrategia de Lisboa han sido los intentos más recientes. Las causas que provocan el descarrilamiento son siempre las mismas: en la medida en que el Consejo de Ministros es el órgano encargado de decidir quién y cuándo ha incumplido con sus compromisos económicos, así como la pena que se le debe imponer, el proceso nace viciado. Ya se sabe que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Para entender lo que está pasando conviene recordar que la gobernanza ha sido un mantra del que todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo sin que nadie se atreviese a ponerle el cascabel al gato. Pero las cosas han cambiado, porque los contribuyentes no están dispuestos a volver a pagar las extravagancias de Wall Street o de la City. La crisis ha evidenciado que la economía europea era menos flexible que la americana o la de los países emergentes, entre otras cosas porque ha fallado la Estrategia de Lisboa, que no establecía incentivos para los países cumplidores o sanciones para los más perezosos. Y se ha evidenciado que tampoco ha funcionado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, concebido para garantizar que la prodigalidad de los Gobiernos no arruinase los esfuerzos del Banco Central para mantener la estabilidad de precios, el dogma sobre el que se asienta la construcción europea.
La crisis obligó a todos los países de la Unión a poner en marcha unas ayudas públicas astronómicas (más de cuatro veces el PIB español) para evitar que el desastre financiero se convirtiese en recesión como ocurrió en 1929. Entre el 2008 y el 2010, el déficit público de la UE pasó del 2,3% al 7,5% del PIB; la deuda pública del 61,6% del PIB al 80%. La crisis demostró también que no teníamos botes de salvamento cuando el tsunami financiero llegó a nuestras costas. Los ministros de Finanzas tuvieron que arbitrar deprisa y corriendo un mecanismo ad hoc (750 millardos de euros) para ayudar a los países de la zona euro con dificultades serias para refinanciar su deuda en los mercados internacionales, especialmente a Grecia. Todo para salvar al euro. Así las cosas, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas bastante ambicioso. El Consejo de Ministros se descolgó con un acuerdo mucho menos ambicioso. El Consejo Europeo, por su parte, hizo un documento bastante vago y el Parlamento todavía no ha dado su opinión, que es importante porque sin la aprobación de la Eurocámara no hay acuerdo que valga.
Con este telón de fondo, se entiende bien que el Parlamento Europeo no quiera que el debate sobre la gobernanza económica se salde una vez más con un mero cambio cosmético, siguiendo la vieja tradición de El Gatopardo. La Comisión ha puesto encima de la mesa un paquete que incluye cuatro piezas fundamentales: el "semestre europeo"; la reforma del Pacto de Estabilidad; el establecimiento de un sistema de control de los desequilibrios macroeconómicos y la puesta en marcha de un marco de gestión de crisis para los países miembros del euro.
Se conoce como "semestre europeo", la primera pieza del puzle, al periodo de seis meses durante el que se discutirán las políticas presupuestarias de cada uno de los países miembros antes de que sean sometidas a sus respectivos Parlamentos. El Consejo Europeo definirá, en marzo de cada año, los retos económicos de la Unión y aprobará las orientaciones estratégicas necesarias para afrontarlos. Teniendo en cuenta estas orientaciones, los Estados miembros llevarán a Europa, en abril, sus programas de estabilidad y convergencia; en ellos plasmarán sus estrategias presupuestarias a medio plazo y también los programas nacionales de reformas en el que tendrán que hacer constar las políticas que piensan adoptar en ámbitos como el empleo o la inclusión social. Para que esta coordinación temprana funcione, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos internos que incluyan a todas las Administraciones y que respondan escrupulosamente a las orientaciones europeas.
La segunda pieza del puzle es la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que apunta en tres direcciones: reforzar su dimensión preventiva -especialmente en época de vacas gordas-, asegurar su mejor cumplimiento y, sobre todo, dar más protagonismo que hasta ahora a la deuda pública. Antes de la crisis, se creyó que bastaba con mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB para que la deuda pública se situase mecánicamente por debajo del 60%. Como esta convergencia automática no ha funcionado, Durão Barroso, presidente de la Comisión, propone ahora lanzar el procedimiento de déficit excesivo contra aquellos países cuya deuda sea superior al 60% del PIB aunque su déficit público esté por debajo del 3%, siempre y cuando no sean capaces de reducirla a la velocidad de crucero establecida en Bruselas.
La tercera pieza de este puzle afecta al control macroeconómico. La crisis ha demostrado también que las finanzas públicas no pueden ser contempladas como una especie de burbuja en el vacío; deben ser analizadas en el marco de la política económica general. Lo que se pretende es detectar los desequilibrios macroeconómicos de cada Estado miembro -incluidos los retrasos en materia de competitividad- antes de que dinamiten las cuentas públicas, tal y como ha ocurrido en Grecia. Cuando se detecte uno de ellos (alarma amarilla), se encargará un análisis a un grupo de expertos independientes, una especie de test de resistencia. Si se confirma que el riesgo existe, la Comisión formulará recomendaciones específicas al país en cuestión. Cuando el país en cuestión no cumpla estas recomendaciones, la Comisión lo pondrá en "posición de desequilibrio excesivo" y lo someterá a un control reforzado que puede conducir a la adopción de las sanciones. Los planes de reforma nacionales serán también revisados por las instituciones europeas para garantizar que son coherentes con la nueva estrategia de crecimiento que llamamos Europa 2020.
La cuarta y última pieza es el establecimiento de un marco de gestión de crisis para los países de la zona euro. Se pretende así evitar madrugadas de infarto como la que se vivió en el caso griego. La Comisión quiere establecer procedimientos claros y creíbles que regulen las ayudas a las que puedan tener acceso los países que se encuentran en una situación económica grave.
Quedan por resolver las cuestiones más espinosas de las propuestas de la Comisión. Por ejemplo, qué sanciones aplicar; hay quienes quieren suspender los derechos de voto de los pecadores; otros prefieren cerrarles el grifo de las ayudas comunitarias o imponerles multas. Otro asunto espinoso será determinar quién toma la decisión; unos quieren que sea la Comisión o el Banco Central; otros abogan porque las sanciones sean aplicadas de forma automática; y también hay quienes defienden actuar caso por caso. También será peliagudo definir en qué momento actuar; cuestión clave porque de nada sirve establecer sanciones cuando el país en cuestión se ha endeudado hasta las cejas o haya dejado su economía hecha unos zorros. Habrá que decidir también qué pasa con los países que no forman parte del euro, porque no tiene demasiado sentido que algunas de las sanciones previstas solo puedan aplicarse a los países de la zona euro.
Estas son a muy grandes rasgos las propuestas sobre "gobernanza económica" de la que tanto se va a hablar en los próximos meses. Aunque no todos coincidamos con las propuestas de la Comisión, sabemos que hay que retomar un debate que los Gobiernos aparcaron en el momento del nacimiento del euro y que resulta inaplazable después de una crisis que nos ha dejado tiesos: cuando se forma parte de un club, se tienen derechos, pero también obligaciones. Lo que hay que ver es si ganamos los que queremos más control presupuestario y más Europa o los que prefieren seguir dejando que los Gobiernos hagan mangas y capirotes con sus cuentas públicas.
IT'S POLITICS, STUPID!
En estos días se ha extendido por los mercados la idea de que los líderes europeos podrían estar planeando una respuesta conjunta y mucho más agresiva a la crisis y ese rumor ha servido para que las bolsas de todo el mundo vean el futuro con más optimismo. Este comportamiento de los mercados evidencia que el problema que tenemos no es un problema económico, es un problema político. La situación de las economías periféricas era la misma hace unos meses que hace unos días, pero la marea sólo ha cambiado cuando los mercados han percibido que la política europea podría cambiar.
Lo que está en juego ahora es saber como vamos a enfrentar todos los europeos la salida de la crisis; si lo vamos a hacer todos juntos o cada uno por su cuenta. Lo que también se discute es si la nueva política europea se va a orientar exclusivamente a la consolidación fiscal o va a prestar también atención a la necesidad de encontrar nuevos recursos financieros para hacer más llevadera la carga de los países en dificultades y, sobre todo, para impulsar un plan de choque que saque a la zona euro de su postración anual. Y eso es política.
Es un hecho que todos los países miembros de la zona euro han movilizado ingentes cantidades de dinero para tratar de evitar que la crisis financiera desembocase en una recesión de proporciones similares a la Gran Depresión de 1929. Las cifras son aterradoras: las ayudas comprometidas sólo con el sector financiero suponen un 33% del PIB de la Unión, a las que hay que añadir los estímulos fiscales que absorben más del 5% de la riqueza total.
En estas condiciones parece obvio que los países de la zona euro no van a poder endeudarse durante bastante tiempo, porque lo que toca es pagar las deudas pendientes. Tampoco podrán tirar de gasto público o reducir los impuestos para impulsar el crecimiento porque el nuevo paquete de gobernanza canoniza el llamado principio de la "política fiscal prudente" que postula que "el crecimiento anual del gasto no debería exceder de una tasa prudente de crecimiento del PIB a medio plazo". Esta rebuscada fórmula lo que quiere decir es que nadie podrá gastar por encima de lo que gana y los que tienen deudas pendientes tendrán que gastar menos todavía. Tampoco podrán bajar los impuestos, salvo que reduzcan el gasto público en la misma cuantía.
En definitiva, los países de la zona euro están ante una compleja encrucijada: de un lado tienen que hacer algo para acortar distancias con los países que crecen más que nosotros, que son casi todos; de otro, no pueden endeudarse, tirar de gasto público, ni bajar impuestos para impulsar la economía. Todo esto es muy preocupante porque según acabamos de saber, los países emergentes, los Estados Unidos y Japón están saliendo de la crisis mucho más deprisa que Europa y tienen mejores perspectivas de crecimiento. Como dijo ha ya un cierto tiempo, el conocido escritor Walter Laqueur: "Dado el descenso de su población, es posible que Europa, o al menos parte de ella, se convierta en un parque temático, una especie de Disneylandia sofisticada para los turistas ricos de China o India".
Así las cosas, parece lo más inteligente es diseñar una estrategia europea para salir de este lío. Pero la solución no podemos buscarla en el presupuesto europeo, que se ha reducido al máximo por imperativo de Cameron, sino en lo que en la jerga comunitaria se denominan "recursos financieros novedosos", como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o la emisión de bonos para proyectos específicos. Dios aprieta pero no ahoga, y tenemos la ventaja de que la Unión Europea, como tal, tiene su capacidad de endeudamiento casi intacta.
El BEI es una institución bastante desconocida pero que tiene un potencial enorme. Es dos veces más grande que el Banco Mundial y emite obligaciones de las que solo él responde, lo que explica que los gobiernos nacionales no deban computarlas en su deuda pública. El BEI se ha encargado tradicionalmente de financiar las inversiones en materia de sanidad, educación, regeneración urbana, tecnologías verdes y apoyo a las pequeñas empresas y, a partir del Tratado de Lisboa, puede tomar participaciones en el capital de las empresas, establecer filiales y prestar servicios de asistencia técnica. Sus préstamos anuales alcanza la nada despreciable cifra de 80 mil millones de euros, es decir dos tercios de los recursos de la Comisión europea. Sólo con que hiciese en los próximos diez años un esfuerzo similar al que ha hecho en los últimos veinte años, dispondría de unos recursos similares a los que el Plan Marshall movilizó para reconstruir las economías europeas devastadas por el conflicto bélico.
Si esto no fuese suficiente se podría recurrir a la emisión de bonos para proyectos específicos que la Comisión incluye en su propuesta de consolidación del mercado interior. Con estos dos instrumentos, el BEI y los bonos, podríamos explicar a nuestros conciudadanos que nos preocupamos por reducir la deuda pública porque así no se puede seguir, pero también queremos hacer frente a la situación de penuria por la que atraviesan la mayor parte de las economías europeas.
Termino por donde empecé. El Plan Marshall (1947) exigía a los países que quisieran beneficiarse de la ayuda económica norteamericana diseñar un plan conjunto, y no una mera yuxtaposición de planes nacionales. Para cumplir esta exigencia se creó en 1948 la organización europea de cooperación económica (OECE) que luego se convertiría en la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE), el precedente de la Comunidad europea. Lo que en síntesis se discute es si convertimos la crisis en una oportunidad para avanzar en el proceso de construcción europea o si, por el contrario, damos rienda suelta a nuestros peores instintos proteccionistas y nos replegamos cada uno de nosotros detrás de nuestras fronteras nacionales. Y eso es política.
Lo que está en juego ahora es saber como vamos a enfrentar todos los europeos la salida de la crisis; si lo vamos a hacer todos juntos o cada uno por su cuenta. Lo que también se discute es si la nueva política europea se va a orientar exclusivamente a la consolidación fiscal o va a prestar también atención a la necesidad de encontrar nuevos recursos financieros para hacer más llevadera la carga de los países en dificultades y, sobre todo, para impulsar un plan de choque que saque a la zona euro de su postración anual. Y eso es política.
Es un hecho que todos los países miembros de la zona euro han movilizado ingentes cantidades de dinero para tratar de evitar que la crisis financiera desembocase en una recesión de proporciones similares a la Gran Depresión de 1929. Las cifras son aterradoras: las ayudas comprometidas sólo con el sector financiero suponen un 33% del PIB de la Unión, a las que hay que añadir los estímulos fiscales que absorben más del 5% de la riqueza total.
En estas condiciones parece obvio que los países de la zona euro no van a poder endeudarse durante bastante tiempo, porque lo que toca es pagar las deudas pendientes. Tampoco podrán tirar de gasto público o reducir los impuestos para impulsar el crecimiento porque el nuevo paquete de gobernanza canoniza el llamado principio de la "política fiscal prudente" que postula que "el crecimiento anual del gasto no debería exceder de una tasa prudente de crecimiento del PIB a medio plazo". Esta rebuscada fórmula lo que quiere decir es que nadie podrá gastar por encima de lo que gana y los que tienen deudas pendientes tendrán que gastar menos todavía. Tampoco podrán bajar los impuestos, salvo que reduzcan el gasto público en la misma cuantía.
En definitiva, los países de la zona euro están ante una compleja encrucijada: de un lado tienen que hacer algo para acortar distancias con los países que crecen más que nosotros, que son casi todos; de otro, no pueden endeudarse, tirar de gasto público, ni bajar impuestos para impulsar la economía. Todo esto es muy preocupante porque según acabamos de saber, los países emergentes, los Estados Unidos y Japón están saliendo de la crisis mucho más deprisa que Europa y tienen mejores perspectivas de crecimiento. Como dijo ha ya un cierto tiempo, el conocido escritor Walter Laqueur: "Dado el descenso de su población, es posible que Europa, o al menos parte de ella, se convierta en un parque temático, una especie de Disneylandia sofisticada para los turistas ricos de China o India".
Así las cosas, parece lo más inteligente es diseñar una estrategia europea para salir de este lío. Pero la solución no podemos buscarla en el presupuesto europeo, que se ha reducido al máximo por imperativo de Cameron, sino en lo que en la jerga comunitaria se denominan "recursos financieros novedosos", como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o la emisión de bonos para proyectos específicos. Dios aprieta pero no ahoga, y tenemos la ventaja de que la Unión Europea, como tal, tiene su capacidad de endeudamiento casi intacta.
El BEI es una institución bastante desconocida pero que tiene un potencial enorme. Es dos veces más grande que el Banco Mundial y emite obligaciones de las que solo él responde, lo que explica que los gobiernos nacionales no deban computarlas en su deuda pública. El BEI se ha encargado tradicionalmente de financiar las inversiones en materia de sanidad, educación, regeneración urbana, tecnologías verdes y apoyo a las pequeñas empresas y, a partir del Tratado de Lisboa, puede tomar participaciones en el capital de las empresas, establecer filiales y prestar servicios de asistencia técnica. Sus préstamos anuales alcanza la nada despreciable cifra de 80 mil millones de euros, es decir dos tercios de los recursos de la Comisión europea. Sólo con que hiciese en los próximos diez años un esfuerzo similar al que ha hecho en los últimos veinte años, dispondría de unos recursos similares a los que el Plan Marshall movilizó para reconstruir las economías europeas devastadas por el conflicto bélico.
Si esto no fuese suficiente se podría recurrir a la emisión de bonos para proyectos específicos que la Comisión incluye en su propuesta de consolidación del mercado interior. Con estos dos instrumentos, el BEI y los bonos, podríamos explicar a nuestros conciudadanos que nos preocupamos por reducir la deuda pública porque así no se puede seguir, pero también queremos hacer frente a la situación de penuria por la que atraviesan la mayor parte de las economías europeas.
Termino por donde empecé. El Plan Marshall (1947) exigía a los países que quisieran beneficiarse de la ayuda económica norteamericana diseñar un plan conjunto, y no una mera yuxtaposición de planes nacionales. Para cumplir esta exigencia se creó en 1948 la organización europea de cooperación económica (OECE) que luego se convertiría en la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE), el precedente de la Comunidad europea. Lo que en síntesis se discute es si convertimos la crisis en una oportunidad para avanzar en el proceso de construcción europea o si, por el contrario, damos rienda suelta a nuestros peores instintos proteccionistas y nos replegamos cada uno de nosotros detrás de nuestras fronteras nacionales. Y eso es política.
SE BUSCA ESTRATEGIA:. RAZÓN UNIÓN EUROPEA
La eurozona está de hecho partida en dos: de un lado, los países que han hecho los deberes y que ya han salido de la crisis; de otro los que se han dedicado al dolce far niente y siguen sin levantar cabeza. Lo que ahora quieren los que cortan el bacalao es canonizar esta escisión, y eso sería fatal para España, porque en Bruselas se cree que confiar en Zapatero para hacer las reformas que él mismo ha anunciado es tan ingenuo como lo fue confiar en que Fernando VII acataría una Constitución liberal. Los líderes europeos siguen diciendo que rescatarán a cualquier país en dificultades, pero subrayan que una cosa es ayudar al hermano en dificultades y otra bien distinta es aceptar que los contribuyentes tengan que salir al rescate de los países que se empecinen en seguir cometiendo los mismos dislates que les llevaron al borde del precipicio. Hasta aquí llega el acuerdo entre los líderes europeo, porque en todo lo demás recuerdan a pollos sin cabeza corriendo cada uno en una dirección. La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el dúo Merkel-Sarkozy hacen propuestas más o menos solemnes pero con poca o ninguna coherencia entre sí. Cada vez es más evidente que lo que falta es liderazgo. A día de hoy no sabemos si el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir ayudando a los bancos en dificultades y va a seguir comprando deuda pública o va a cerrar el grifo, como pretenden tanto Jugen Stark –miembro del Comité Ejecutivo del BCE- como Max Weber, el candidato mejor colocado para suceder a Jena Claude Trichet, en la presidencia del banco. Un lío como no habíamos visto nunca en una institución hasta ahora tan prudente de cara al público. En el Consejo Europeo, el ruido es también considerable. El presidente Van Rompuy anunció esta misma semana que el mecanismo permanente de rescate, que sustituirá al actual dentro de dos años, incluirá un procedimiento de quita y espera para los títulos de países bajo sospecha, que no se aplicará a los países considerados solventes. Van Rompuy no se ha molestado en precisar quién tomará esa decisión ni con qué criterios. Obviamente una medida así supone partir la eurozona en dos. Como dice el analista Wolfgang Munchau, "el nuevo régimen (...) no será una mera prolongación del mecanismo transitorio (...) sino un procedimiento ordenado de ejecución de obligaciones (...) y se diseñará de tal manera que haya una máximo de razones para no utilizarlo". Por si esto fuera poco, se está abriendo ahora camino la idea de crear un mercado de eurobonos pero sólo para los países virtuosos o para aquellos que limiten su deuda en cumplimiento del Pacto de Estabilidad. La idea de unas obligaciones europeas, que cubran la parte de deuda soberana considerada segura, es buena porque la emisión conjunta supone mayor liquidez; y porque la responsabilidad solidaria ayudará a los países con dificultades a conseguir financiación. Y todo eso con la ventaja adicional de que los eurobonos darían un empujón al euro como moneda rival del dólar. Los eurobonos –bonos azules en la jerga comunitaria- gozarían de las máximas calificaciones crediticias, se pagarían antes que cualquier otra obligación (deuda senior) y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés muy competitivo. Por el contrario, la parte de la deuda soberana de cada país que no fuese cubierta por los bonos azules lo sería mediante la emisión de títulos nacionales (bonos rojos), que se pagarían después de haberse pagado los azules y, en consecuencia, su coste sería casi prohibitivo. A los españoles, los eurobonos nos irían muy bien porque nos ayudarían a conseguir dinero más barato, pero si se reservan sólo para los países virtuosos nos irían francamente mal, porque nos dificultaría aún más colocar nuestra deuda. Por eso he dicho en otra ocasión que la primera opción supondría un avance considerable en la construcción europea, mientras que la segunda supondría levantar un nuevo telón de acero, esta vez financiero, que abriría la eurozona en canal. Como último apunte quiero señalar que la eurozona necesita algo más que disciplina. Necesita un plan de choque para salir de la crisis, retomar la senda del crecimiento y crear empleo. Plan de choque que sería financiado por el Banco Europeo de Inversiones y, si fuere necesario, con los bonos para proyectos específicos de interés europeo. Zapatero se reúne la semana que viene con Merkel; una ocasión de oro para plantearle estas opciones y definir así una estrategia alternativa, solidaria que evite la fragmentación de la zona euro. Si lo hace contará con el apoyo del Parlamento Europeo y con muchos países a los que no les gusta un pelo lo que se está cociendo hasta ahora en Bruselas.
lunes, 6 de septiembre de 2010
BRUSSELS | Thu Sep 2, 2010 2:16pm EDT
BRUSSELS (Reuters) - European Union diplomats agreed on Thursday to set up pan-EU financial watchdogs by the start of next year, to lead a clampdown on the bankers that many blame for the worst recession in a generation.
The trio of new financial sheriffs, to monitor banks, insurance companies and trading on markets, will be complemented by a group attached to the European Central bank that will keep watch for other economic risks like a property price bubble.
"We have reached a crucial milestone," said Michel Barnier, the European commissioner in charge of a reform of financial rules. "We have reached a political consensus on the creation of a European financial supervisory framework.
"The weaknesses of the national supervisors in the crisis has led to this creation of new powerful European authorities," said Sven Giegold, a German law-maker involved in the negotiations. "This means more Europe."
The shake-up, controversial because Berlin and London feared it would undermine their own authority over the financial sector, establishes agencies that can overrule a national regulator like the Bank of England.
They will be able to intervene in the regulation of individual banks in London and elsewhere. But their resources as well as freedom to sideline national agencies will be limited.
Their creation nonetheless centralizes financial supervision in Europe, a more fundamental shift than any foreseen in Washington.
"We had supervisory failures big time," said Nicolas Veron of Brussels think tank Bruegel.
"So we need to fix the system. The new agencies are starting small but this is the first time in the world that we have the creation of super-national financial authorities."
The agreement on supervision also clears a hurdle to writing many of the other rules for financial reform in Europe, which depend on the creation of the new authorities.
It would, for example, be up to the new markets agency to impose any bans on short-selling if markets wobbled.
"These new authorities will have the final word in mediating a dispute between national authorities in a case like Fortis," said Karel Lannoo of the Center for European Policy Studies, a Brussels think tank.
"They will be in charge and this is a historical change. Although lack of money will hinder their work, some, for example in markets, could become as powerful as the Securities and Exchange Commission."
European countries and law-makers from the bloc's parliament have been bogged down in disagreement over how to reform much of the financial industry.
Talks to break an impasse over new rules for hedge funds and private equity have so far failed to break an impasse over the treatment of off-shore and foreign funds.
BRUSSELS (Reuters) - European Union diplomats agreed on Thursday to set up pan-EU financial watchdogs by the start of next year, to lead a clampdown on the bankers that many blame for the worst recession in a generation.
The trio of new financial sheriffs, to monitor banks, insurance companies and trading on markets, will be complemented by a group attached to the European Central bank that will keep watch for other economic risks like a property price bubble.
"We have reached a crucial milestone," said Michel Barnier, the European commissioner in charge of a reform of financial rules. "We have reached a political consensus on the creation of a European financial supervisory framework.
"The weaknesses of the national supervisors in the crisis has led to this creation of new powerful European authorities," said Sven Giegold, a German law-maker involved in the negotiations. "This means more Europe."
The shake-up, controversial because Berlin and London feared it would undermine their own authority over the financial sector, establishes agencies that can overrule a national regulator like the Bank of England.
They will be able to intervene in the regulation of individual banks in London and elsewhere. But their resources as well as freedom to sideline national agencies will be limited.
Their creation nonetheless centralizes financial supervision in Europe, a more fundamental shift than any foreseen in Washington.
"We had supervisory failures big time," said Nicolas Veron of Brussels think tank Bruegel.
"So we need to fix the system. The new agencies are starting small but this is the first time in the world that we have the creation of super-national financial authorities."
The agreement on supervision also clears a hurdle to writing many of the other rules for financial reform in Europe, which depend on the creation of the new authorities.
It would, for example, be up to the new markets agency to impose any bans on short-selling if markets wobbled.
"These new authorities will have the final word in mediating a dispute between national authorities in a case like Fortis," said Karel Lannoo of the Center for European Policy Studies, a Brussels think tank.
"They will be in charge and this is a historical change. Although lack of money will hinder their work, some, for example in markets, could become as powerful as the Securities and Exchange Commission."
European countries and law-makers from the bloc's parliament have been bogged down in disagreement over how to reform much of the financial industry.
Talks to break an impasse over new rules for hedge funds and private equity have so far failed to break an impasse over the treatment of off-shore and foreign funds.
Brussels, 2 September 2010
Financial supervision: Ambitious political deal reached to protect citizen's interests. José Manuel Garcia-Margallo MEP
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The European Parliament and the Belgian EU Presidency have reached an agreement on the so-called financial supervision package, the set of legislative proposals due to create a new system of financial supervision in Europe.
"I think we have reached an ambitious deal that will protect citizens' interests; it's a big step for Europe", said EPP Group MEP, Jose Manuel Garcia-Margallo, Vice-Chairman of the Economic and Monetary Affairs Committee in the European Parliament.
The legislative package is the main EU response for avoiding another financial crisis and the political deal "will provide that 'main street' no longer pays for the 'irrational exuberance' of financial entities and avoid more systemic financial crises", added García-Margallo, Rapporteur on the creation of a European Banking Authority (EBA), one of the key proposals of the package.
As most of the proposals fall under the decision-making process where the Parliament shares equal power with the Council of Ministers, the compromise reached today should be first confirmed next week at the EU Ecofin Council, then at the end of September by the European Parliament plenary.
The proposals push for direct supervision of systematically important cross-border banks, with national supervisors acting as agents of the EBA. Similar European supervision authorities will also be created for securities and markets and insurance. A European Systemic Risk Board will be created, chaired by the European Central Bank President for the first five years, to assess and prevent potential risks to financial stability. It will address warnings to the different supervision authorities, as well as to the Council and the European Parliament.
"There is a very simple reason for all this new supervisory architecture. National supervisors do not have jurisdiction to control financial entities able to operate without obstacles throughout the whole European continent. We need to learn from what has happened and build a system so that, in the case of a new crisis, we do not find ourselves as vulnerable as now," García-Margallo explained.
For further information:
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL MEP, Tel: +32-2-2845904
Pedro López de Pablo, EPP Group Press & Communications Service, Tel: +32-475-493352
Financial supervision: Ambitious political deal reached to protect citizen's interests. José Manuel Garcia-Margallo MEP
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The European Parliament and the Belgian EU Presidency have reached an agreement on the so-called financial supervision package, the set of legislative proposals due to create a new system of financial supervision in Europe.
"I think we have reached an ambitious deal that will protect citizens' interests; it's a big step for Europe", said EPP Group MEP, Jose Manuel Garcia-Margallo, Vice-Chairman of the Economic and Monetary Affairs Committee in the European Parliament.
The legislative package is the main EU response for avoiding another financial crisis and the political deal "will provide that 'main street' no longer pays for the 'irrational exuberance' of financial entities and avoid more systemic financial crises", added García-Margallo, Rapporteur on the creation of a European Banking Authority (EBA), one of the key proposals of the package.
As most of the proposals fall under the decision-making process where the Parliament shares equal power with the Council of Ministers, the compromise reached today should be first confirmed next week at the EU Ecofin Council, then at the end of September by the European Parliament plenary.
The proposals push for direct supervision of systematically important cross-border banks, with national supervisors acting as agents of the EBA. Similar European supervision authorities will also be created for securities and markets and insurance. A European Systemic Risk Board will be created, chaired by the European Central Bank President for the first five years, to assess and prevent potential risks to financial stability. It will address warnings to the different supervision authorities, as well as to the Council and the European Parliament.
"There is a very simple reason for all this new supervisory architecture. National supervisors do not have jurisdiction to control financial entities able to operate without obstacles throughout the whole European continent. We need to learn from what has happened and build a system so that, in the case of a new crisis, we do not find ourselves as vulnerable as now," García-Margallo explained.
For further information:
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL MEP, Tel: +32-2-2845904
Pedro López de Pablo, EPP Group Press & Communications Service, Tel: +32-475-493352
miércoles, 9 de junio de 2010
miércoles, 2 de junio de 2010
LA GLOBALIZACIÓN: IDEAS GENERALES
José Manuel Garcia-Margallo
(1). Considerando que la globalización es un fenómeno revolucionario, completamente nuevo, cuya principal característica es la diversificación de los procesos de producción y la división del trabajo en el seno de grupos multinacionales que pueden localizar sus empresas prácticamente en cualquier lugar del mundo aprovechando las nuevas tecnologías y el crecimiento exponencial de los flujos financieros internacionales.
(2). Considerando que la globalización ha propiciado la aparición de unos agentes económicos que adoptan decisiones "parapolíticas" que se imponen a los Estados y condicionan su actuación. Entre las cien mejores economías del mundo, 51 son empresas multinacionales y solo las 49 restantes son Estado-nación. Si antes de la II Guerra Mundial lo que cualquier país temía una invasión extranjera, en los tiempos que corren, el temor es que los extranjeros y sus capitales pasen de largo para establecerse en cualquier otro país.
(3). Considerando que la globalización no puede concebirse como un gigantesco proceso de desregulación y que corresponde a los poderes públicos (internacionales y nacionales) establecer un marco en que la economía global pueda funcionar de forma ordenada así como corregir los defectos más notorios del mercado. Es cierto que no existe alternativa real a la globalización, pero la globalización ha producido daños colaterales y no ha beneficiado a todos por igual. Competitividad, compensación social y protección del medio ambiente son los tres pilares sobre los que debe apoyarse un concepto comprensivo del desarrollo sostenible que obliga al conjunto de actores y ciudadanos que pueblan la tierra.
(4). Considerando que los Estados-nación por fuertes que sean no pueden resolver en solitario los problemas que plantea la internalización; solo integrándose en organizaciones supranacionales podrán hacer frente a los desafíos que plantea la globalización, aunque ello condicione muchas de sus políticas internas. Ni la elaboración de leyes, ni su aplicación, ni la resolución de conflictos pueden desarrollarse como en los tiempos en que la soberanía estatal era absoluta. La autonomía de los Estados nacionales está condicionada por los compromisos contraídos con los organismos internacionales a los que pertenecen (restricción jurídica). Además, es obvio que la política económica esta enormemente condicionada por unas reglas no escritas que sancionan el arbitrismo con el ostracismo y la pobreza.
(5). Considerando que la globalización ha provocado unos cambios radicales en las estructuras económicas entre las que cabe destacar: el aumento vertiginoso de los movimientos migratorios, la competencia creciente de los productos de los países emergentes, la deslocalización de las empresas hacia países con salarios más bajos o parámetros medioambientales menos estrictos, el outsourcing de los servicios, el papel estelar de la economía financiera, el desplazamiento del ahorro hacia los países menos desarrollados y la lucha por los recursos naturales escasos.
(6). Considerando que los países que mejor comportamiento han tenido en materia de crecimiento, empleo y comercio internacional han sido los que más han avanzado en el desmantelamiento de obstáculos al comercio y movimientos de capital, creación de empresas, simplificación del ámbito regulatorio y protección de la seguridad jurídica, educación y formación. Los que han mantenido sus fronteras cerradas y se han mostrado más reacios a la hora de liberalizar sus mercados de capitales están en la cola del pelotón.
(7). Considerando que la posición relativa de los distintos países ha cambiado mucho desde la postguerra hasta nuestros días. En 1955, la proporción que Estados Unidos representaba en el PIB mundial era el 36, 3%, el de la Comunidad Económica Europea el 17,5% y el de Japón el 2,2%. En 2008, la economía americana sumaba 20,3%, la europea (UE27) 26,38% y la Japonesa 6,24%. Sólo Brasil, Rusia y China representan el 40% de la economía mundial y rebasan el 15% del PIB global y que dentro de 50 años sólo China e India absorberán el 50% de la riqueza global.
(8). Considerando que la Unión Europea no estaba avanzando al mismo paso que nuestros competidores más directos en los tiempos inmediatamente anteriores a la crisis. Estados Unidos creó en diez años (1997-2007) 1,2 empleos nuevos por cada puesto de trabajo "cedido" a las economías emergentes; la UE solo creó 0,8 empleos por cada puesto perdido como consecuencia de la deslocalización empresarial. China e India crecieron más deprisa que nosotros y, lo que es más importante, exportaban ya antes de la crisis productos de tecnología avanzada (telecomunicaciones, electrónica, ordenadores etc.)
(9). Considerando que los países emergentes y los Estados Unidos están saliendo de la crisis con más celeridad y más fortaleza que la UE y Japón. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, el próximo año, China crecerá un 9,9%, India un 8,4%, los EEUU un 2,6%, mientras que la UE (27) sólo crecería un 1,8% y los países del euro creceríamos sólo un 1,5%. Los países más desarrollados crecerían según este informe un 2,2% mientras que las economías asiáticas recientemente industrializadas crecerán un 4,3%. Cifras que auguran nuevos cambios en el orden económico mundial.
(10). Considerando que antes de la crisis entraban en la UE 1,4 millones de inmigrantes legales a los cuales hay que sumar todos aquellos que entraron de forma ilegal, mientras que los EEUU con un territorio dos veces mayor recibían en esos mismos años unas 900 mil personas. La proporción que los inmigrantes representan respecto de la población total es menor en la UE que en EEUU, Australia o Nueva Zelanda. Es también menor la proporción de trabajadores respecto de la mano de obra total. El problema estriba en que la inmigración crece más deprisa en la UE que en el resto del mundo y es también mucho más rápida la proporción de extranjeros que se incorporan en el mercado laboral.
(11). Considerando que el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero está en el origen del calentamiento global y que la defensa del planeta se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En la actualidad nadie duda que la mayor parte de los gases contaminantes proceden de la combustión de carburantes fósiles asociada a la industrialización y que la deforestación, la agricultura intensiva y la ganadería contribuyen en gran medida al efecto invernadero.
LA GOBERNANAZA GLOBAL
1. El diseño de una nueva gobernanza mundial exige tener previamente una visión precisa de la configuración del mundo. Después de la caída del muro de Berlín (1989) y de la desaparición de la URSS pareció que no había ninguna potencia alternativa a la de los EEUU. Las cosas empiezan a cambiar con el ataque a las Torres Gemelas (2001) y hoy sabemos que si bien los EEUU siguen siendo la mayor potencia económica y militar del mundo, tendrán que contar con Rusia, China, la UE y otras potencias emergentes para hacer frente a los desafíos -el terrorismo internacional, las guerras de Afganistán e Irak, la lucha contra el cambio climático etc.- que nos aguardan. Esta emergiendo un nuevo orden multipolar que irá progresivamente substituyendo al orden unipolar que regía hace tan solo unos años.
2. Si la historia enseña que los cambios en las estructuras culturales, económicas y sociales se traducen necesariamente en las estructuras políticas, parece obvio que un cambio tan revolucionario como el que supone la globalización por fuerza introduzca cambios importantes en las instituciones políticas que hemos heredado del pasado siglo.
3. La globalización es una oportunidad para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, siempre que sean capaces de moverse, de reformar su legislación, de flexibilizar sus mercados, de eliminar sus cargas que sus empresas ya no pueden soportar ante la competencia de terceros. Muchas de las reformas que se requieren son radicales, no simples retoques del maquillaje.
4. Un tratado multilateral concretaría los derechos y obligaciones de los países de origen y destino en materia de inmigración. Los países de origen estarían obligados a controlar las salidas de sus residentes y readmitir a aquellos que emigrasen de forma irregular. Los países de acogida tendrían derecho de fijar cupos de admisión pero también la obligación de integrar a los emigrantes y el compromiso de no intentar atraer a los "cerebros, de los países emergentes". La apertura de los mercados desarrollados y un mayor esfuerzo en políticas de desarrollo formarían también parte del nuevo orden mundial de la migración.
5. En la actualidad, los países recientemente industrializados "ligan" sus divisas al dólar con un tipo de cambio artificialmente bajo para favorecer sus exportaciones. En contrapartida reinvierten sus reservas en EEUU comprando ingentes cantidades de valores norteamericanos. Este sistema es poco compatible con el proceso de integración de los mercados que, por definición, requiere de una cierta estabilidad cambiaria. Es difícil predecir ahora cual será el sistema de cambios que sustituirá al actual, pero los escenarios posibles son sólo dos: un oligopolio euro-dólar-yen-yuan o la emergencia de sistemas regionales nuevos. En cualquiera de los dos escenarios, es muy probable que los países que se divorcien del dólar tengan que reajustar también su cartera de reservas.
6. Los acuerdos de la WTO presuponen que la liberalización comercial beneficia a todos los países porque permite a cada uno de ellos especializarse en aquellos bienes producidos a partir de los factores de producción más abundantes y baratos en su territorio. Esta presuposición se ha quedado obsoleta desde el momento en que un sólo país- China- pueda reunir todas las ventajas comparativas. La situación se altera aún mas por las diferencias legales en materia comercial, laboral, fiscal y medioambiental que existe entre países desarrollados y países emergentes. Por eso es necesario diseñar un nuevo orden comercial que garantice un equilibrio entre las partes y un comercio justo en el que todos cumplan con unos parámetros mínimos en materia laboral, social, tributaria y medioambiental.
7. Bajo este marco es de vital importancia concluir con éxito las negociaciones de la ronda de Doha. Deben promoverse los procesos de integración regional y los acuerdos de libre comercio bilaterales.
8. Es urgente acabar con todas las medidas o prácticas comerciales desleales como el dumping (incluido el dumping social y medioambiental) que obstaculizan el comercio internacional. El principio de reciprocidad debe regir las relaciones comerciales, excepción hecha de aquellos supuestos en que se pretenda primar las exportaciones de países poco desarrollados.
9. Es necesario, además, acabar con las "cuentas offshore, sociedades fiduciarias offshore o sociedades ficticias en centros financieros offshore para ocultar activos o ingresos tributarios"(OECD, Declaración de Seúl, 14-15 septiembre 2006) que distorsionan de forma notable el comercio internacional.
11. Es necesario promover la Agenda de Trabajo Decente de la OIT y lanzar un Pacto Mundial para el Empleo para dar trabajo a los actuales desempleados y a los nuevos trabajadores, la mayoría jóvenes, que cada año se incorporan al mercado laboral. El nuevo orden laboral debe incluir un piso mínimo de protección social y una estrategia de reducción de la pobreza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
12. Es necesario retomar el diálogo interrumpido en Copenhague para que los países signatarios sobre Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (CMCCNU) adopten objetivos claros sobre niveles de temperatura, reducción de emisiones y concentración atmosférica de CO2. Los países desarrollados deben reducir con más intensidad que hasta ahora la emisión de gases de efecto invernadero. Los países en vía de desarrollo tienen que adaptarse al reto del cambio climático. La complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado ya sea del comercio de emisiones o un impuesto que penalice al que contamina. Los países que cumplan los objetivos podrían plantearse imponer aranceles al carbono a los productos precedentes de los países que no los cumplan.
13. Es necesario establecer unos mecanismos de alerta temprana y unos comités de crisis en el que participen los principales actores internacionales capaces adoptar en tiempo y forma las medidas de urgencia que se necesiten en caso de crisis. El FMI, el Consejo de Estabilidad Financiera y el G20 deben jugar un papel esencial en este terreno.
14. Es urgente reformar el marco normativo para restablecer la transparencia de los productos, las entidades y los mercados financieros mundiales. La mejora de los sistemas de información y supervisión, la medición más exacta de los riesgos asumidos por las entidades financieras y el establecimiento de mecanismos de liquidación ordenada de las entidades internacionales deben formar parte de este nuevo orden regulatorio. El establecimiento de un compendio de normas prudenciales y contables similares a nivel global es absolutamente necesario para garantizar un level playing field.
15. Es urgente ampliar el perímetro de la regulación financiera para evitar el "shadow banking" y la proliferación de instituciones escasamente reguladas. La regulación de los Fondos Alternativos de Inversión, especialmente de los hedge funds, debe hacerse de forma coordinada para evitar deslocalizaciones por razones puramente normativas.
16. Es necesario también revisar las normas que se refieren a los niveles de capital, instituciones sistémicas, gestión de crisis y mecanismos para evitar que el coste de las futuras crisis recaiga en los contribuyentes. Más transparencia en los mercados de derivados, normas específicas respecto a los credit default swaps y criterios comunes en materia de remuneraciones extraordinarias para los ejecutivos del sector financiero son reformas que se deben aprobar cuanto antes.
17. Es importante también reforzar las facultades de supervisión de los reguladores y armonizar las prácticas de supervisión a nivel global. Sólo es posible garantizar la estabilidad del sistema financiero mejorando la calidad de las normas, de los supervisores y de la evaluación de riesgo.
GOBERNANZA EUROPEA
18. En el actual contexto internacional, la UE debe diseñar una política exterior común de una sola pieza que le permita defender sus intereses en el mundo y hablar con una sola voz en los organismos internacionales. La Unión Europea solo será protagonista en el mundo multipolar que vivimos si los europeos acertamos a redefinir el mundo empezando por la propia Unión.
19. La lucha contra la inmigración ilegal es un problema común de toda la Unión Europea. Hace falta voluntad y recursos financieros y técnicos conjuntos suficientes para combatirla. Por otra parte, los países europeos deberían evitar el recurso a las regularizaciones masivas porque no acaban con la presencia de clandestinos y generan siempre en un efecto llamada. Los emigrantes legales de larga duración deberán tener los mismos derechos económicos y sociales que los nacionales, pero a cambio deberán reconocer los valores de la Unión y expresar su voluntad de integración, sin que esto deba suponer la renuncia a su identidad cultural. La actitud de los países de origen y tránsito deberá ser tenida en cuenta a la hora de acordarles facilidades y preferencias comerciales, de repartir los fondos destinados a la ayuda al desarrollo y de celebrar convenios de cooperación.
20. Es necesario sentar unas bases comunes para que los Estados miembros pongan en marcha una política industrial más progresiva, teniendo en cuenta que un modelo económico cimentado exclusivamente en el mercado de servicios no puede considerarse una opción de futuro para la economía europea.
21. Es necesario que dé un empujón definitivo a la liberalización de los servicios de interés general (servicios postales, telecomunicaciones, gas, electricidad, ferrocarriles, transporte aéreo y servicios de radiodifusión) en los que el peso de las empresas locales sigue siendo elevado y la competencia, insuficiente y, además, que acelere la interconectividad de las redes entre los Estados miembros, que es corolario indispensable de aquélla.
22. Es urgente crear un mercado único y abierto de servicios sobre la base de la Directiva de servicios para garantizar la calidad de los servicios prestados a los consumidores. La plena aplicación de dicha Directiva podría incrementar el comercio de servicios en un 45 % y las inversiones extranjeras directas en un 25 %, lo que equivaldría a un incremento de entre el 0,5 y el 1,5 % del PIB (Europa 2020).
23. El acceso de las PYMEs al mercado único debe mejorarse. El espíritu emprendedor debe ser desarrollado mediante iniciativas políticas concretas, incluyendo la simplificación de la legislación sobre sociedades (procedimientos de quiebra, estatuto de empresa privada, etc.) e iniciativas que permitan a los emprendedores recuperarse en caso de que falle uno de sus negocios (Europa 2020).
24. La aplicación de la política de competencia debe inspirarse en los siguientes principios: la apertura de los mercados, la igualdad de oportunidades para las empresas, la lucha contra el proteccionismo nacional, el establecimiento de un entorno adecuado para la innovación, la erradicación de los abusos de mercado y de las prácticas entre empresas que atenten contra la competencia. Las ayudas estatales deben apoyar las tecnologías más innovadoras, eficaces y verdes, facilitando el acceso de las inversiones.
25. Es urgente avanzar en la integración de los mercados financieros europeos para alcanzar un tamaño crítico que nos permita dirigirnos de tú a tú a los americanos. Los mercados mayoristas están hoy bastante integrados pero queda mucho por hacer en los mercados minoristas que son los más próximos a los ciudadanos.
26. La puesta en marcha de una Junta de Riesgo Sistémico y de las tres nuevas Autoridades sectoriales debería estar concluida cuanto antes. Los Colegios de Supervisores deben jugar un papel esencial en la supervisión de las entidades con operaciones transfronterizas. Las instituciones sistémicas deberían estar sujetas a una supervisión europea y a una Unidad de Resolución de Crisis, también europea. Un mecanismo de Garantía de Depósitos Común y un Fondo Europeo Común para sufragar los costes ocasionados por el rescate de entidades sistémicas sin apelar a los contribuyentes deben completar el nuevo sistema de supervisión.
27. Es importante poner en marcha una auténtica diplomacia del euro porque al renunciar a tener una voz única, los europeos estamos renunciando a todas las ventajas que podría darnos el hecho de ser titulares de la segunda moneda del mundo.
28. Es conveniente culminar la armonización de las disposiciones fiscales susceptibles de distorsionar las los intercambios o de alterar la competencia. La armonización de la base imponible sobre sociedades, de las retensiones en la fuente aplicadas a los dividendos abonados a las sociedades vinculadas, de los métodos utilizados en el país de residencia para evitar la doble imposición son tareas prioritarias. Los cambios constantes en la legislación fiscal y la falta de coherencia de las interpretaciones administrativas constituyen obstáculos importantes a la invasión.
29. La política monetaria debe seguir centrada en la estabilidad de los precios porque la inflación distorsiona el proceso económico, lastra los planes de inversión y perjudica a los trabajadores, a los jubilados y a los demás perceptores de rentas fijas. El BCE en su política de fijación de tipos de interés deberá seguir atentamente la evolución de la inflación de la zona euro y además la evolución de los desequilibrios externos, los precios de los activos inmobiliarios y financieros y la volatilidad financiera.
30. La consolidación fiscal es una tarea urgente porque la estabilidad macroeconómica es presupuesto básica de un presupuesto sostenible. El Consejo analizara los presupuestos nacionales antes de su debate en los respectivos Parlamentos para verificar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este análisis se tendrán en cuenta las obligaciones implícitas derivadas del envejecimiento, la situación de las cuentas con el exterior, el nivel de la deuda pública y las perspectivas de crecimiento con las economías nacionales. La "calidad" del gasto público deberá ser tenida en cuenta al calificar a los países miembros.
31. Si queremos que la Unión Europea sea competitiva hay que diseñar un marco laboral que garantice simultáneamente la flexibilidad en la contratación y la seguridad en el empleo. Hablamos de empleabilidad de por vida, no de empleos para toda la vida, y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. En el nuevo marco laboral deben suprimirse los incentivos que dificultan la reinserción de los parados y les invitan a permanecer infinitamente en el paro. El sistema de protección de los trabajadores debe procurar seguridad en el empleo y no en un puesto de trabajo determinado, porque la movilidad es la clave en una economía globalizada.
32. La UE deberá abordar sin demora las reformas estructurales para ganar en competitividad. La modernización de las infraestructuras (incluida la banda ancha), un mayor esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, una política que garantice una energía suficiente, económica y limpia, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la calidad de la educación y formación son los ejes básicos de esta estrategia. La coordinación de esfuerzos es esencial para conseguir estos objetivos y por eso deben explorarse formulas nuevas para extraer todas las potencialidades que ofrecen los artículos 121 y 136 del Tratado.
33. La UE deberá hacer lo posible para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2020 y un 60-80% en 2050. El cambio de modelo energético cubre un espectro que va desde una mayor liberalización de los mercados hasta una intervención de los poderes públicos para fomentar las energías renovables o los biocarburantes, pasando por planes para la mejora en la eficiencia energética y la inversión en nuevas tecnologías en la búsqueda de la "combustión limpia". La UE deberá hablar con una sola voz en las próximas convenciones post-Copenhagen.
34. El relativo fracaso de la estrategia de Lisboa se explica por la falta de una auténtica gobernanza europea. Con las excepciones de la política monetaria dictada por el BCE y de la política presupuestaria relativamente abortada por el Pacto de Estabilidad, el resto de las políticas económicas son competencia exclusiva de los Estados miembros. En teoría, la coordinación de las políticas económicas es el objetivo de las llamadas Orientaciones Generales de Política Económica y de las directrices de empleo. En la práctica, el grado de orientación de estas políticas es muy escaso. La coordinación de las políticas económicas de los Estados Miembros y la creación de un autentico gobierno de la zona Euro que pueda servir de contrapeso al BCE es una necesidad cada vez más apremiante.
(1). Considerando que la globalización es un fenómeno revolucionario, completamente nuevo, cuya principal característica es la diversificación de los procesos de producción y la división del trabajo en el seno de grupos multinacionales que pueden localizar sus empresas prácticamente en cualquier lugar del mundo aprovechando las nuevas tecnologías y el crecimiento exponencial de los flujos financieros internacionales.
(2). Considerando que la globalización ha propiciado la aparición de unos agentes económicos que adoptan decisiones "parapolíticas" que se imponen a los Estados y condicionan su actuación. Entre las cien mejores economías del mundo, 51 son empresas multinacionales y solo las 49 restantes son Estado-nación. Si antes de la II Guerra Mundial lo que cualquier país temía una invasión extranjera, en los tiempos que corren, el temor es que los extranjeros y sus capitales pasen de largo para establecerse en cualquier otro país.
(3). Considerando que la globalización no puede concebirse como un gigantesco proceso de desregulación y que corresponde a los poderes públicos (internacionales y nacionales) establecer un marco en que la economía global pueda funcionar de forma ordenada así como corregir los defectos más notorios del mercado. Es cierto que no existe alternativa real a la globalización, pero la globalización ha producido daños colaterales y no ha beneficiado a todos por igual. Competitividad, compensación social y protección del medio ambiente son los tres pilares sobre los que debe apoyarse un concepto comprensivo del desarrollo sostenible que obliga al conjunto de actores y ciudadanos que pueblan la tierra.
(4). Considerando que los Estados-nación por fuertes que sean no pueden resolver en solitario los problemas que plantea la internalización; solo integrándose en organizaciones supranacionales podrán hacer frente a los desafíos que plantea la globalización, aunque ello condicione muchas de sus políticas internas. Ni la elaboración de leyes, ni su aplicación, ni la resolución de conflictos pueden desarrollarse como en los tiempos en que la soberanía estatal era absoluta. La autonomía de los Estados nacionales está condicionada por los compromisos contraídos con los organismos internacionales a los que pertenecen (restricción jurídica). Además, es obvio que la política económica esta enormemente condicionada por unas reglas no escritas que sancionan el arbitrismo con el ostracismo y la pobreza.
(5). Considerando que la globalización ha provocado unos cambios radicales en las estructuras económicas entre las que cabe destacar: el aumento vertiginoso de los movimientos migratorios, la competencia creciente de los productos de los países emergentes, la deslocalización de las empresas hacia países con salarios más bajos o parámetros medioambientales menos estrictos, el outsourcing de los servicios, el papel estelar de la economía financiera, el desplazamiento del ahorro hacia los países menos desarrollados y la lucha por los recursos naturales escasos.
(6). Considerando que los países que mejor comportamiento han tenido en materia de crecimiento, empleo y comercio internacional han sido los que más han avanzado en el desmantelamiento de obstáculos al comercio y movimientos de capital, creación de empresas, simplificación del ámbito regulatorio y protección de la seguridad jurídica, educación y formación. Los que han mantenido sus fronteras cerradas y se han mostrado más reacios a la hora de liberalizar sus mercados de capitales están en la cola del pelotón.
(7). Considerando que la posición relativa de los distintos países ha cambiado mucho desde la postguerra hasta nuestros días. En 1955, la proporción que Estados Unidos representaba en el PIB mundial era el 36, 3%, el de la Comunidad Económica Europea el 17,5% y el de Japón el 2,2%. En 2008, la economía americana sumaba 20,3%, la europea (UE27) 26,38% y la Japonesa 6,24%. Sólo Brasil, Rusia y China representan el 40% de la economía mundial y rebasan el 15% del PIB global y que dentro de 50 años sólo China e India absorberán el 50% de la riqueza global.
(8). Considerando que la Unión Europea no estaba avanzando al mismo paso que nuestros competidores más directos en los tiempos inmediatamente anteriores a la crisis. Estados Unidos creó en diez años (1997-2007) 1,2 empleos nuevos por cada puesto de trabajo "cedido" a las economías emergentes; la UE solo creó 0,8 empleos por cada puesto perdido como consecuencia de la deslocalización empresarial. China e India crecieron más deprisa que nosotros y, lo que es más importante, exportaban ya antes de la crisis productos de tecnología avanzada (telecomunicaciones, electrónica, ordenadores etc.)
(9). Considerando que los países emergentes y los Estados Unidos están saliendo de la crisis con más celeridad y más fortaleza que la UE y Japón. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, el próximo año, China crecerá un 9,9%, India un 8,4%, los EEUU un 2,6%, mientras que la UE (27) sólo crecería un 1,8% y los países del euro creceríamos sólo un 1,5%. Los países más desarrollados crecerían según este informe un 2,2% mientras que las economías asiáticas recientemente industrializadas crecerán un 4,3%. Cifras que auguran nuevos cambios en el orden económico mundial.
(10). Considerando que antes de la crisis entraban en la UE 1,4 millones de inmigrantes legales a los cuales hay que sumar todos aquellos que entraron de forma ilegal, mientras que los EEUU con un territorio dos veces mayor recibían en esos mismos años unas 900 mil personas. La proporción que los inmigrantes representan respecto de la población total es menor en la UE que en EEUU, Australia o Nueva Zelanda. Es también menor la proporción de trabajadores respecto de la mano de obra total. El problema estriba en que la inmigración crece más deprisa en la UE que en el resto del mundo y es también mucho más rápida la proporción de extranjeros que se incorporan en el mercado laboral.
(11). Considerando que el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero está en el origen del calentamiento global y que la defensa del planeta se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En la actualidad nadie duda que la mayor parte de los gases contaminantes proceden de la combustión de carburantes fósiles asociada a la industrialización y que la deforestación, la agricultura intensiva y la ganadería contribuyen en gran medida al efecto invernadero.
LA GOBERNANAZA GLOBAL
1. El diseño de una nueva gobernanza mundial exige tener previamente una visión precisa de la configuración del mundo. Después de la caída del muro de Berlín (1989) y de la desaparición de la URSS pareció que no había ninguna potencia alternativa a la de los EEUU. Las cosas empiezan a cambiar con el ataque a las Torres Gemelas (2001) y hoy sabemos que si bien los EEUU siguen siendo la mayor potencia económica y militar del mundo, tendrán que contar con Rusia, China, la UE y otras potencias emergentes para hacer frente a los desafíos -el terrorismo internacional, las guerras de Afganistán e Irak, la lucha contra el cambio climático etc.- que nos aguardan. Esta emergiendo un nuevo orden multipolar que irá progresivamente substituyendo al orden unipolar que regía hace tan solo unos años.
2. Si la historia enseña que los cambios en las estructuras culturales, económicas y sociales se traducen necesariamente en las estructuras políticas, parece obvio que un cambio tan revolucionario como el que supone la globalización por fuerza introduzca cambios importantes en las instituciones políticas que hemos heredado del pasado siglo.
3. La globalización es una oportunidad para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, siempre que sean capaces de moverse, de reformar su legislación, de flexibilizar sus mercados, de eliminar sus cargas que sus empresas ya no pueden soportar ante la competencia de terceros. Muchas de las reformas que se requieren son radicales, no simples retoques del maquillaje.
4. Un tratado multilateral concretaría los derechos y obligaciones de los países de origen y destino en materia de inmigración. Los países de origen estarían obligados a controlar las salidas de sus residentes y readmitir a aquellos que emigrasen de forma irregular. Los países de acogida tendrían derecho de fijar cupos de admisión pero también la obligación de integrar a los emigrantes y el compromiso de no intentar atraer a los "cerebros, de los países emergentes". La apertura de los mercados desarrollados y un mayor esfuerzo en políticas de desarrollo formarían también parte del nuevo orden mundial de la migración.
5. En la actualidad, los países recientemente industrializados "ligan" sus divisas al dólar con un tipo de cambio artificialmente bajo para favorecer sus exportaciones. En contrapartida reinvierten sus reservas en EEUU comprando ingentes cantidades de valores norteamericanos. Este sistema es poco compatible con el proceso de integración de los mercados que, por definición, requiere de una cierta estabilidad cambiaria. Es difícil predecir ahora cual será el sistema de cambios que sustituirá al actual, pero los escenarios posibles son sólo dos: un oligopolio euro-dólar-yen-yuan o la emergencia de sistemas regionales nuevos. En cualquiera de los dos escenarios, es muy probable que los países que se divorcien del dólar tengan que reajustar también su cartera de reservas.
6. Los acuerdos de la WTO presuponen que la liberalización comercial beneficia a todos los países porque permite a cada uno de ellos especializarse en aquellos bienes producidos a partir de los factores de producción más abundantes y baratos en su territorio. Esta presuposición se ha quedado obsoleta desde el momento en que un sólo país- China- pueda reunir todas las ventajas comparativas. La situación se altera aún mas por las diferencias legales en materia comercial, laboral, fiscal y medioambiental que existe entre países desarrollados y países emergentes. Por eso es necesario diseñar un nuevo orden comercial que garantice un equilibrio entre las partes y un comercio justo en el que todos cumplan con unos parámetros mínimos en materia laboral, social, tributaria y medioambiental.
7. Bajo este marco es de vital importancia concluir con éxito las negociaciones de la ronda de Doha. Deben promoverse los procesos de integración regional y los acuerdos de libre comercio bilaterales.
8. Es urgente acabar con todas las medidas o prácticas comerciales desleales como el dumping (incluido el dumping social y medioambiental) que obstaculizan el comercio internacional. El principio de reciprocidad debe regir las relaciones comerciales, excepción hecha de aquellos supuestos en que se pretenda primar las exportaciones de países poco desarrollados.
9. Es necesario, además, acabar con las "cuentas offshore, sociedades fiduciarias offshore o sociedades ficticias en centros financieros offshore para ocultar activos o ingresos tributarios"(OECD, Declaración de Seúl, 14-15 septiembre 2006) que distorsionan de forma notable el comercio internacional.
11. Es necesario promover la Agenda de Trabajo Decente de la OIT y lanzar un Pacto Mundial para el Empleo para dar trabajo a los actuales desempleados y a los nuevos trabajadores, la mayoría jóvenes, que cada año se incorporan al mercado laboral. El nuevo orden laboral debe incluir un piso mínimo de protección social y una estrategia de reducción de la pobreza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
12. Es necesario retomar el diálogo interrumpido en Copenhague para que los países signatarios sobre Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (CMCCNU) adopten objetivos claros sobre niveles de temperatura, reducción de emisiones y concentración atmosférica de CO2. Los países desarrollados deben reducir con más intensidad que hasta ahora la emisión de gases de efecto invernadero. Los países en vía de desarrollo tienen que adaptarse al reto del cambio climático. La complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado ya sea del comercio de emisiones o un impuesto que penalice al que contamina. Los países que cumplan los objetivos podrían plantearse imponer aranceles al carbono a los productos precedentes de los países que no los cumplan.
13. Es necesario establecer unos mecanismos de alerta temprana y unos comités de crisis en el que participen los principales actores internacionales capaces adoptar en tiempo y forma las medidas de urgencia que se necesiten en caso de crisis. El FMI, el Consejo de Estabilidad Financiera y el G20 deben jugar un papel esencial en este terreno.
14. Es urgente reformar el marco normativo para restablecer la transparencia de los productos, las entidades y los mercados financieros mundiales. La mejora de los sistemas de información y supervisión, la medición más exacta de los riesgos asumidos por las entidades financieras y el establecimiento de mecanismos de liquidación ordenada de las entidades internacionales deben formar parte de este nuevo orden regulatorio. El establecimiento de un compendio de normas prudenciales y contables similares a nivel global es absolutamente necesario para garantizar un level playing field.
15. Es urgente ampliar el perímetro de la regulación financiera para evitar el "shadow banking" y la proliferación de instituciones escasamente reguladas. La regulación de los Fondos Alternativos de Inversión, especialmente de los hedge funds, debe hacerse de forma coordinada para evitar deslocalizaciones por razones puramente normativas.
16. Es necesario también revisar las normas que se refieren a los niveles de capital, instituciones sistémicas, gestión de crisis y mecanismos para evitar que el coste de las futuras crisis recaiga en los contribuyentes. Más transparencia en los mercados de derivados, normas específicas respecto a los credit default swaps y criterios comunes en materia de remuneraciones extraordinarias para los ejecutivos del sector financiero son reformas que se deben aprobar cuanto antes.
17. Es importante también reforzar las facultades de supervisión de los reguladores y armonizar las prácticas de supervisión a nivel global. Sólo es posible garantizar la estabilidad del sistema financiero mejorando la calidad de las normas, de los supervisores y de la evaluación de riesgo.
GOBERNANZA EUROPEA
18. En el actual contexto internacional, la UE debe diseñar una política exterior común de una sola pieza que le permita defender sus intereses en el mundo y hablar con una sola voz en los organismos internacionales. La Unión Europea solo será protagonista en el mundo multipolar que vivimos si los europeos acertamos a redefinir el mundo empezando por la propia Unión.
19. La lucha contra la inmigración ilegal es un problema común de toda la Unión Europea. Hace falta voluntad y recursos financieros y técnicos conjuntos suficientes para combatirla. Por otra parte, los países europeos deberían evitar el recurso a las regularizaciones masivas porque no acaban con la presencia de clandestinos y generan siempre en un efecto llamada. Los emigrantes legales de larga duración deberán tener los mismos derechos económicos y sociales que los nacionales, pero a cambio deberán reconocer los valores de la Unión y expresar su voluntad de integración, sin que esto deba suponer la renuncia a su identidad cultural. La actitud de los países de origen y tránsito deberá ser tenida en cuenta a la hora de acordarles facilidades y preferencias comerciales, de repartir los fondos destinados a la ayuda al desarrollo y de celebrar convenios de cooperación.
20. Es necesario sentar unas bases comunes para que los Estados miembros pongan en marcha una política industrial más progresiva, teniendo en cuenta que un modelo económico cimentado exclusivamente en el mercado de servicios no puede considerarse una opción de futuro para la economía europea.
21. Es necesario que dé un empujón definitivo a la liberalización de los servicios de interés general (servicios postales, telecomunicaciones, gas, electricidad, ferrocarriles, transporte aéreo y servicios de radiodifusión) en los que el peso de las empresas locales sigue siendo elevado y la competencia, insuficiente y, además, que acelere la interconectividad de las redes entre los Estados miembros, que es corolario indispensable de aquélla.
22. Es urgente crear un mercado único y abierto de servicios sobre la base de la Directiva de servicios para garantizar la calidad de los servicios prestados a los consumidores. La plena aplicación de dicha Directiva podría incrementar el comercio de servicios en un 45 % y las inversiones extranjeras directas en un 25 %, lo que equivaldría a un incremento de entre el 0,5 y el 1,5 % del PIB (Europa 2020).
23. El acceso de las PYMEs al mercado único debe mejorarse. El espíritu emprendedor debe ser desarrollado mediante iniciativas políticas concretas, incluyendo la simplificación de la legislación sobre sociedades (procedimientos de quiebra, estatuto de empresa privada, etc.) e iniciativas que permitan a los emprendedores recuperarse en caso de que falle uno de sus negocios (Europa 2020).
24. La aplicación de la política de competencia debe inspirarse en los siguientes principios: la apertura de los mercados, la igualdad de oportunidades para las empresas, la lucha contra el proteccionismo nacional, el establecimiento de un entorno adecuado para la innovación, la erradicación de los abusos de mercado y de las prácticas entre empresas que atenten contra la competencia. Las ayudas estatales deben apoyar las tecnologías más innovadoras, eficaces y verdes, facilitando el acceso de las inversiones.
25. Es urgente avanzar en la integración de los mercados financieros europeos para alcanzar un tamaño crítico que nos permita dirigirnos de tú a tú a los americanos. Los mercados mayoristas están hoy bastante integrados pero queda mucho por hacer en los mercados minoristas que son los más próximos a los ciudadanos.
26. La puesta en marcha de una Junta de Riesgo Sistémico y de las tres nuevas Autoridades sectoriales debería estar concluida cuanto antes. Los Colegios de Supervisores deben jugar un papel esencial en la supervisión de las entidades con operaciones transfronterizas. Las instituciones sistémicas deberían estar sujetas a una supervisión europea y a una Unidad de Resolución de Crisis, también europea. Un mecanismo de Garantía de Depósitos Común y un Fondo Europeo Común para sufragar los costes ocasionados por el rescate de entidades sistémicas sin apelar a los contribuyentes deben completar el nuevo sistema de supervisión.
27. Es importante poner en marcha una auténtica diplomacia del euro porque al renunciar a tener una voz única, los europeos estamos renunciando a todas las ventajas que podría darnos el hecho de ser titulares de la segunda moneda del mundo.
28. Es conveniente culminar la armonización de las disposiciones fiscales susceptibles de distorsionar las los intercambios o de alterar la competencia. La armonización de la base imponible sobre sociedades, de las retensiones en la fuente aplicadas a los dividendos abonados a las sociedades vinculadas, de los métodos utilizados en el país de residencia para evitar la doble imposición son tareas prioritarias. Los cambios constantes en la legislación fiscal y la falta de coherencia de las interpretaciones administrativas constituyen obstáculos importantes a la invasión.
29. La política monetaria debe seguir centrada en la estabilidad de los precios porque la inflación distorsiona el proceso económico, lastra los planes de inversión y perjudica a los trabajadores, a los jubilados y a los demás perceptores de rentas fijas. El BCE en su política de fijación de tipos de interés deberá seguir atentamente la evolución de la inflación de la zona euro y además la evolución de los desequilibrios externos, los precios de los activos inmobiliarios y financieros y la volatilidad financiera.
30. La consolidación fiscal es una tarea urgente porque la estabilidad macroeconómica es presupuesto básica de un presupuesto sostenible. El Consejo analizara los presupuestos nacionales antes de su debate en los respectivos Parlamentos para verificar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este análisis se tendrán en cuenta las obligaciones implícitas derivadas del envejecimiento, la situación de las cuentas con el exterior, el nivel de la deuda pública y las perspectivas de crecimiento con las economías nacionales. La "calidad" del gasto público deberá ser tenida en cuenta al calificar a los países miembros.
31. Si queremos que la Unión Europea sea competitiva hay que diseñar un marco laboral que garantice simultáneamente la flexibilidad en la contratación y la seguridad en el empleo. Hablamos de empleabilidad de por vida, no de empleos para toda la vida, y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. En el nuevo marco laboral deben suprimirse los incentivos que dificultan la reinserción de los parados y les invitan a permanecer infinitamente en el paro. El sistema de protección de los trabajadores debe procurar seguridad en el empleo y no en un puesto de trabajo determinado, porque la movilidad es la clave en una economía globalizada.
32. La UE deberá abordar sin demora las reformas estructurales para ganar en competitividad. La modernización de las infraestructuras (incluida la banda ancha), un mayor esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, una política que garantice una energía suficiente, económica y limpia, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la calidad de la educación y formación son los ejes básicos de esta estrategia. La coordinación de esfuerzos es esencial para conseguir estos objetivos y por eso deben explorarse formulas nuevas para extraer todas las potencialidades que ofrecen los artículos 121 y 136 del Tratado.
33. La UE deberá hacer lo posible para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2020 y un 60-80% en 2050. El cambio de modelo energético cubre un espectro que va desde una mayor liberalización de los mercados hasta una intervención de los poderes públicos para fomentar las energías renovables o los biocarburantes, pasando por planes para la mejora en la eficiencia energética y la inversión en nuevas tecnologías en la búsqueda de la "combustión limpia". La UE deberá hablar con una sola voz en las próximas convenciones post-Copenhagen.
34. El relativo fracaso de la estrategia de Lisboa se explica por la falta de una auténtica gobernanza europea. Con las excepciones de la política monetaria dictada por el BCE y de la política presupuestaria relativamente abortada por el Pacto de Estabilidad, el resto de las políticas económicas son competencia exclusiva de los Estados miembros. En teoría, la coordinación de las políticas económicas es el objetivo de las llamadas Orientaciones Generales de Política Económica y de las directrices de empleo. En la práctica, el grado de orientación de estas políticas es muy escaso. La coordinación de las políticas económicas de los Estados Miembros y la creación de un autentico gobierno de la zona Euro que pueda servir de contrapeso al BCE es una necesidad cada vez más apremiante.
Torear la supervisión financiera, de José Manuel García-Margallo y Marfil en El País
Después de una corrida en A Coruña, el torero Rafael Gómez, El Gallo, exclamó: “Ya estamos en Sevilla”. “Pues no está lejos Sevilla”, contestó un paisano. Y El Gallo replicó: “Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es A Coruña”. Esta anécdota ilustra cuán lejos están los Gobiernos y el Parlamento Europeo de alcanzar un acuerdo sobre la supervisión de las entidades financieras. Mientras nosotros queremos anticipar el mañana, ellos siguen empeñados en mirar atrás y sin acuerdo todo puede quedar bloqueado porque ambos tienen idénticas competencias legislativas.
Las discrepancias vienen de 1999, cuando se acordó el mercado interior de servicios financieros. Entonces el Parlamento advirtió que sin un avance paralelo en materia de supervisión acabaríamos en una crisis sistémica, porque es imposible que supervisores cuya jurisdicción termina en las fronteras nacionales controlen instituciones financieras que operan en todo el territorio europeo.
Cuando llegó la tempestad porque no nos hicieron caso, encargaron el informe Larosière. Sobre él, han propuesto establecer una Junta de Riesgos Sistémicos, para la supervisión del sistema en su conjunto, y tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones, y mercados y valores. Pero su propuesta prevé el mismo régimen jurídico para supervisar la sucursal en París de una pequeña caja de ahorros, que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra arruinaría el sistema y la economía real.
Un fallo que advierte hasta Lord Turner, presidente de la Financial Services Authority británica, para quien solo hay dos opciones: bien dando a los supervisores nacionales poder para controlar a los bancos que operen en su territorio, incluidas sucursales, y la de decidir sobre su solvencia y liquidez, o bien avanzando hacia una mayor integración de la supervisión europea.
Frente a la solución nacional de los ministros, la Eurocámara apuesta por la contraria; mejor supervisión y más Europa. Queremos que la Autoridad Europea supervise las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla, que advierte de la entrada en zona de riesgo. Si la cosa empeora y aparece la luz roja, una Unidad de Resolución Bancaria Europea será quien adopte las medidas necesarias (sustitución de los administradores, requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada… etcétera) para evitar el contagio y preservar la estabilidad. Y si al final hay que poner dinero proponemos que un fondo, prefinanciado por el propio sector, corra con la factura en vez de que lo haga el contribuyente. Por fortuna, los vientos soplan en nuestra dirección y no en la de los ministros, pues el FMI y la Comisión Europea parece que quieren convertir el principio de “quien contamina, paga” en el nuevo lema de la regulación financiera.
La Presidencia Española de la UE debe torear un nuevo consenso en materia de supervisión que sustituya al que han defendido hasta ahora, más próximo al pensamiento neoconservador que al de quienes creemos en la regulación para frenar la “exuberancia irracional” de los mercados. Zapatero tiene que coger el toro por los cuernos. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.
José Manuel García-Margallo y Marfil es vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento Europeo.
Las discrepancias vienen de 1999, cuando se acordó el mercado interior de servicios financieros. Entonces el Parlamento advirtió que sin un avance paralelo en materia de supervisión acabaríamos en una crisis sistémica, porque es imposible que supervisores cuya jurisdicción termina en las fronteras nacionales controlen instituciones financieras que operan en todo el territorio europeo.
Cuando llegó la tempestad porque no nos hicieron caso, encargaron el informe Larosière. Sobre él, han propuesto establecer una Junta de Riesgos Sistémicos, para la supervisión del sistema en su conjunto, y tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones, y mercados y valores. Pero su propuesta prevé el mismo régimen jurídico para supervisar la sucursal en París de una pequeña caja de ahorros, que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra arruinaría el sistema y la economía real.
Un fallo que advierte hasta Lord Turner, presidente de la Financial Services Authority británica, para quien solo hay dos opciones: bien dando a los supervisores nacionales poder para controlar a los bancos que operen en su territorio, incluidas sucursales, y la de decidir sobre su solvencia y liquidez, o bien avanzando hacia una mayor integración de la supervisión europea.
Frente a la solución nacional de los ministros, la Eurocámara apuesta por la contraria; mejor supervisión y más Europa. Queremos que la Autoridad Europea supervise las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla, que advierte de la entrada en zona de riesgo. Si la cosa empeora y aparece la luz roja, una Unidad de Resolución Bancaria Europea será quien adopte las medidas necesarias (sustitución de los administradores, requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada… etcétera) para evitar el contagio y preservar la estabilidad. Y si al final hay que poner dinero proponemos que un fondo, prefinanciado por el propio sector, corra con la factura en vez de que lo haga el contribuyente. Por fortuna, los vientos soplan en nuestra dirección y no en la de los ministros, pues el FMI y la Comisión Europea parece que quieren convertir el principio de “quien contamina, paga” en el nuevo lema de la regulación financiera.
La Presidencia Española de la UE debe torear un nuevo consenso en materia de supervisión que sustituya al que han defendido hasta ahora, más próximo al pensamiento neoconservador que al de quienes creemos en la regulación para frenar la “exuberancia irracional” de los mercados. Zapatero tiene que coger el toro por los cuernos. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.
José Manuel García-Margallo y Marfil es vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento Europeo.
martes, 11 de mayo de 2010
"El Gallo" y la supervision financiera
Suelo comenzar mis intervenciones sobre el paquete de supervisión financiera contando una anécdota atribuida Rafael Gómez Ortega, "El Gallo". Se cuenta que terminó de torear en Coruña e inmediatamente exclamó: "Ya estamos en Sevilla". Un paisano le replicó: "Pues no está lejos Sevilla". El Gallo sentenció: "Sevilla está donde tiene que está, lo que está lejos es La Coruña". Con este sucedido quiero ilustrar lo lejos que están Consejo y Parlamento sobre el control de las entidades financieras y subrayar que, en mi opinión, el Parlamento está anticipando el mañana, mientras que el Consejo sigue empeñado siempre en mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Lo grave es que si no hay acuerdo entre Consejo y Parlamento el paquete de supervisión corre el riesgo de atascarse porque los dos son colegisladores con idénticas competencias y para bailar un tango los dos tienen que ir a la par.
Las discrepancias vienen de lejos. En 1999, el Consejo decidió construir un mercado interior de servicios financieros fijándose tres objetivos: la integración y la liberalización de los mercados europeos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control y la armonización de la imposición sobre el ahorro para evitar deslocalizaciones por razones fiscales. El Parlamento advirtió que si no se avanzaba a la misma velocidad y con la misma intensidad en la consecución de los tres objetivos nos veríamos abocados a una crisis sistémica. Simplemente porque no es posible que unos supervisores nacionales cuya jurisdicción se para en las fronteras nacionales controlen unas instituciones financieras que se mueven en todo el territorio de la Unión con la misma desenvoltura que la bruja cabalgaba sobre su escoba en nuestros cuentos infantiles. El Consejo no nos hizo maldito el caso y ha pasado lo que ha pasado.
Cuando la tempestad arreció, la Comisión encargó a un grupo de expertos el aggiornamento de la arquitectura europea de supervisión (Informe Larosière). Sobre la base de este informe la Comisión y el Consejo han propuesto el establecimiento de una Junta de Riesgos Sistémicos encargada de la supervisión del sistema en su conjunto (supervisión macro) y el establecimiento de tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones y mercados y valores (supervisión micro). El fallo del sistema estriba en que se prevé el mismo régimen jurídico para una pequeña Caja de Ahorros con una sucursal en Paris que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra provocaría el colapso del sistema financiero y la ruina de la economía real (too big to fail).
Fallo que hasta el mismo Lord Turner, el Presidente de la Financial Services Authority del Reino Unido, ha denunciado al señalar que los actuales mecanismos de supervisión no funcionan. "La combinación de un pasaporte europeo para las sucursales, de la supervisión por el país de residencia y de unas garantías puramente nacionales para los depósitos no constituyen una base sólida para el futuro de los bancos europeos que operan en distintos países..." (Turner Review). Según él, solo hay dos formas de salir del impasse actual: o se da a los supervisores nacionales la facultad de obligar a los bancos que operen en su territorio a operar a través de filiales y no de sucursales y la de decidir en materia de solvencia y liquidez o bien se avanza hacia una mayor integración europea en materia de supervisión.
El Consejo ha apostado por la solución nacional. El Parlamento ha escogido la solución contraria. En el informe que acabamos de votar se encomienda a la Autoridad Europea la supervisión de las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla advirtiendo que entren en zona de riesgo. Si la cosa va a peor y se enciende la luz roja, será una Unidad de Resolución Bancaria Europea la que se encargue de adoptar las medidas necesarias (sustitución de los administradores, mayores requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada...etc.) para evitar el contagio y alejar lo más posible el riesgo de tener que recurrir al dinero de los contribuyentes. Y si al final hay que poner dinero habrá que tirar de los Fondos prefinanciados por el propio sector para que no tenga que ser otra vez Joe Six-Pack (el contribuyente) el que pague las insensateces de los gatos gordos de Wall Street o de la City.
Por fortuna, los vientos soplan en la dirección del Parlamento y no en la dirección del Consejo. El informe del Fondo Monetario Internacional titulado A Fair and Substancial Contribution to the Financial Sector (16.04.2010) aboga porque " el coste de las quiebras financieras sea cubierto por una Contribución a la Estabilidad Financiera vinculada a un mecanismo efectivo y creíble de resolución de las crisis... para que la industria contribuya a pagar los costes de la crisis..." La Estrategia Europa 2020 (3.03.2010) habla también de "una contribución del sector para sufragar los rescates de los grandes mastodontes financieros". El Consejo Europeo del 26.03.2010 habla finalmente de las instituciones sistémicas y de la necesidad de contar con instrumentos financieros para la gestión de la crisis. El que contamina paga parece ser el nuevo motto de la regulación financiera.
Corresponde a la Presidencia Española liderar un nuevo consenso en materia de supervisión porque dirigir la Unión requiere algo más que talante, requiere el ejercicio de un liderazgo que aglutine esfuerzos e impulse voluntades, que se anticipen a las necesidades de los europeos y sepa resolver sus problemas inmediatos. Lo que tiene que hacer ahora el Presidente de gobierno es coger el toro por los cuernos y no limitarse a ver la corrida desde el tendido. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.
Las discrepancias vienen de lejos. En 1999, el Consejo decidió construir un mercado interior de servicios financieros fijándose tres objetivos: la integración y la liberalización de los mercados europeos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control y la armonización de la imposición sobre el ahorro para evitar deslocalizaciones por razones fiscales. El Parlamento advirtió que si no se avanzaba a la misma velocidad y con la misma intensidad en la consecución de los tres objetivos nos veríamos abocados a una crisis sistémica. Simplemente porque no es posible que unos supervisores nacionales cuya jurisdicción se para en las fronteras nacionales controlen unas instituciones financieras que se mueven en todo el territorio de la Unión con la misma desenvoltura que la bruja cabalgaba sobre su escoba en nuestros cuentos infantiles. El Consejo no nos hizo maldito el caso y ha pasado lo que ha pasado.
Cuando la tempestad arreció, la Comisión encargó a un grupo de expertos el aggiornamento de la arquitectura europea de supervisión (Informe Larosière). Sobre la base de este informe la Comisión y el Consejo han propuesto el establecimiento de una Junta de Riesgos Sistémicos encargada de la supervisión del sistema en su conjunto (supervisión macro) y el establecimiento de tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones y mercados y valores (supervisión micro). El fallo del sistema estriba en que se prevé el mismo régimen jurídico para una pequeña Caja de Ahorros con una sucursal en Paris que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra provocaría el colapso del sistema financiero y la ruina de la economía real (too big to fail).
Fallo que hasta el mismo Lord Turner, el Presidente de la Financial Services Authority del Reino Unido, ha denunciado al señalar que los actuales mecanismos de supervisión no funcionan. "La combinación de un pasaporte europeo para las sucursales, de la supervisión por el país de residencia y de unas garantías puramente nacionales para los depósitos no constituyen una base sólida para el futuro de los bancos europeos que operan en distintos países..." (Turner Review). Según él, solo hay dos formas de salir del impasse actual: o se da a los supervisores nacionales la facultad de obligar a los bancos que operen en su territorio a operar a través de filiales y no de sucursales y la de decidir en materia de solvencia y liquidez o bien se avanza hacia una mayor integración europea en materia de supervisión.
El Consejo ha apostado por la solución nacional. El Parlamento ha escogido la solución contraria. En el informe que acabamos de votar se encomienda a la Autoridad Europea la supervisión de las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla advirtiendo que entren en zona de riesgo. Si la cosa va a peor y se enciende la luz roja, será una Unidad de Resolución Bancaria Europea la que se encargue de adoptar las medidas necesarias (sustitución de los administradores, mayores requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada...etc.) para evitar el contagio y alejar lo más posible el riesgo de tener que recurrir al dinero de los contribuyentes. Y si al final hay que poner dinero habrá que tirar de los Fondos prefinanciados por el propio sector para que no tenga que ser otra vez Joe Six-Pack (el contribuyente) el que pague las insensateces de los gatos gordos de Wall Street o de la City.
Por fortuna, los vientos soplan en la dirección del Parlamento y no en la dirección del Consejo. El informe del Fondo Monetario Internacional titulado A Fair and Substancial Contribution to the Financial Sector (16.04.2010) aboga porque " el coste de las quiebras financieras sea cubierto por una Contribución a la Estabilidad Financiera vinculada a un mecanismo efectivo y creíble de resolución de las crisis... para que la industria contribuya a pagar los costes de la crisis..." La Estrategia Europa 2020 (3.03.2010) habla también de "una contribución del sector para sufragar los rescates de los grandes mastodontes financieros". El Consejo Europeo del 26.03.2010 habla finalmente de las instituciones sistémicas y de la necesidad de contar con instrumentos financieros para la gestión de la crisis. El que contamina paga parece ser el nuevo motto de la regulación financiera.
Corresponde a la Presidencia Española liderar un nuevo consenso en materia de supervisión porque dirigir la Unión requiere algo más que talante, requiere el ejercicio de un liderazgo que aglutine esfuerzos e impulse voluntades, que se anticipen a las necesidades de los europeos y sepa resolver sus problemas inmediatos. Lo que tiene que hacer ahora el Presidente de gobierno es coger el toro por los cuernos y no limitarse a ver la corrida desde el tendido. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.
Entrevista
Este es el link a la entrevista que concedí ayer por la tarde a la televisión del PP Europeo antes de la votación en el Comité de ECON.
http://www.eppgroup.eu/tv/default.asp?vid_id=100511_event
(En los próximos días se traducirá al español)
http://www.eppgroup.eu/tv/default.asp?vid_id=100511_event
(En los próximos días se traducirá al español)
lunes, 3 de mayo de 2010
Votación informe supervisión financiera
El próximo día 10 de mayo se votará el informe que he preparado durante los últimos meses sobre la nueva supervisión financiera. El siguiente paso serán las negociaciones entre Parlamento Europeo, Comisión y Consejo. Y por último el informe se votará en el pleno del Parlamento Europeo en junio.
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